La Knéset, el parlamento de Israel, aprobó una ley que prohíbe a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) operar en su territorio, incluidas las áreas anexionadas de Jerusalén Este. La medida fue ratificada en una votación este lunes, con un total de 92 votos a favor y solo 10 en contra, incluyendo el apoyo de algunos partidos de oposición.
Esta legislación limitará significativamente las actividades de la UNRWA en Gaza y Cisjordania, ya que dependen en gran medida de la coordinación con autoridades israelíes para su operación.
La UNRWA, establecida en 1949, ofrece servicios básicos, como educación y salud, a millones de refugiados palestinos. En Jerusalén Este, por ejemplo, proporciona apoyo a campos de refugiados como Shuafat. Sin la cooperación de Israel, la agencia enfrentará dificultades para continuar su labor en Gaza y Cisjordania, ya que se necesitarán visados y permisos específicos.
Durante el debate parlamentario, la propuesta fue calificada de "fascista" por Ahmad Tibi, diputado de la formación árabe Hadash-Taal, lo que generó tensión y reclamos en el pleno. Además, está pendiente de votación una segunda propuesta que pretende revocar la exención fiscal de la UNRWA y considerarla una "organización terrorista" debido a supuestos vínculos con Hamás.
Israel ha señalado que varios trabajadores de la agencia estarían ligados a Hamás y habrían participado en ataques. Sin embargo, la UNRWA aseguró que, aunque investigó los casos y despidió a algunos empleados, Israel no ha presentado pruebas concluyentes sobre esta acusación.
El portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowdler, expresó su preocupación ante EFE, señalando que la agencia es fundamental para las operaciones humanitarias en Gaza. Según él, más de 660,000 niños podrían quedarse sin acceso a educación en esa región si la agencia es forzada a reducir sus servicios.
El financiamiento de la UNRWA también se ha visto afectado por estas acusaciones, ya que en enero varios países, incluidos EE.UU, Alemania y Japón, congelaron su apoyo económico, lo que representó una pérdida de 450 millones de dólares. Sin embargo, algunos países como Canadá, Australia y la Unión Europea han retomado sus aportes ante la falta de pruebas.