Este jueves, organizaciones indígenas y de la sociedad civil se manifestaron en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, exigiendo un alto a la violencia que afecta a las comunidades zapatistas y otros sectores en la región.
La protesta se centró en denunciar agresiones hacia comunidades originarias y la falta de respuesta ante el clima de inseguridad y desplazamiento forzado que viven diversas zonas del estado.
"Estamos hartos de la guerra, de la violencia, de la impunidad y de la corrupción", expresó Diana Luna, integrante de la sociedad civil. Según Luna, la violencia también se relaciona con proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que impactan directamente a las tierras y derechos de comunidades zapatistas organizadas, especialmente aquellas que ejercen la autodeterminación.
Un caso reciente de estas agresiones ocurrió en la comunidad zapatista "6 de octubre" en el municipio de Ocosingo, donde se han reportado hostigamientos y despojos ejercidos por grupos armados de la población vecina de Nueva Palestina. Estos hechos han sido denunciados por el caracol zapatista de Nuevo Jerusalén, subrayando la tensión que sufren las comunidades organizadas en la región.
Durante la manifestación, los participantes portaban pancartas con mensajes como "Alto a la guerra contra zapatistas", "Mujer, vida y libertad", y "Viva el EZLN". Además, encendieron velas y sostuvieron racimos de flores en señal de duelo y esperanza por la paz. Los asistentes también se solidarizaron con las víctimas de la violencia en Chiapas y exigieron justicia por los asesinatos de civiles y defensores de derechos humanos.
Jorge Santiago, otro manifestante, declaró que buscan construir una sociedad "donde sea posible vivir sin violencia", denunciando el desplazamiento forzado y la inseguridad que ha afectado a comunidades en la frontera México-Guatemala, en gran parte debido a la disputa de grupos criminales por el control del tráfico de drogas y personas en la región.
El estado de Chiapas ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia desde 2021. La situación se ha intensificado en los últimos meses, y organizaciones como el Congreso Nacional Indígena (CNI) han alertado sobre un escenario similar a una guerra civil, señalando que la inseguridad ha empeorado bajo el nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
Con información de EFE.