La reforma al Poder Judicial en México: Cambios clave y reacciones.
El Poder Judicial mexicano se encuentra en el centro del debate político y social. Una posible reforma que modificaría de manera significativa su estructura ha generado preocupación entre abogados, juristas y la sociedad civil, quienes ven con incertidumbre los cambios propuestos.
Entre los puntos principales de la reforma se encuentran la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, la eliminación de dos de sus salas, la supresión de la pensión vitalicia para los ministros en retiro, y la imposición de salarios para los ministros que no excedan el del Presidente de la República. Estas propuestas han sido presentadas como parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia y la eficacia en la impartición de justicia, áreas en las que se ha señalado un rezago considerable.
Héctor Macías Jurado, presidente de la organización civil Alzando Voces, comentó sobre la situación actual del Poder Judicial: "El área de oportunidad que se estaba visualizando en el Poder Judicial, la falta de eficiencia y eficacia en el dictado de sus resoluciones, juicios de amparo, que se tardaban arriba de un año", afirmó.
En cuanto a los posibles beneficios de la reforma, Macías Jurado destacó que los cambios pueden favorecer el equilibrio y la colaboración entre los poderes de la unión: "Creo que esta nueva forma que se está planteando de integración, pues lo que va a garantizar, y contrario a lo que se especula y que se dice, va a garantizar un equilibrio y colaboración entre los poderes de la unión, entonces yo lo veo como algo muy positivo", expresó.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la propuesta de que ministros, magistrados y jueces sean elegidos a través del voto popular, pero sin la intervención de partidos políticos. Sobre este punto, Macías Jurado subrayó: "El punto clave también de la reforma es que no pueden participar en el proceso de elección los partidos políticos, esto a mí me parece increíble, es decir, los partidos políticos quédense con lo suyo".
Si la reforma es aprobada por el Congreso de la Unión, comenzaría a implementarse en 2025, transformando de raíz la manera en que se eligen y operan los altos funcionarios del Poder Judicial.