El incremento de personas que buscan asilo en México y las obligaciones que el País ha contraído en materia de protección a los derechos humanos hacen necesario un ajuste a la política migratoria y de atención a los refugiados, consideró la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en México.
En el documento denominado "Agenda para la protección de personas refugiadas en México: 2019-2024", la Agencia señala que en tan sólo tres años el número de solicitantes de refugio creció en 583 por ciento, al pasar de 2 mil 137, en 2014, a 14 mil 596 en 2017.
"En este sentido, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), considera que este cambio requiere una respuesta distinta de las autoridades gubernamentales, como también lo han señalado distintos órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas", indica.
El documento recomienda seis acciones que deberían desarrollar las autoridades mexicanas para adecuar el marco legal, mejorar los protocolos de actuación y fortalecer las instituciones involucradas en la materia.
La primera de ellas es fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dotándola de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, para que pueda incrementar su presencia en el País y asegurar a los solicitantes un procedimiento ágil, así como asistencia humanitaria.
"Resulta urgente dotar a la Comar de autonomía orgánica y de gestión, aumentar sus recursos financieros y humanos, e incrementar su presencia geográfica a lo largo del País", reza el documento.
La segunda consiste en garantizar apoyo financiero e institucional a las instancias encargadas de proteger a las niñas, niños y adolescentes, a fin de que esta población se le brinde la atención especializada que requiere, buscando modelos de atención distintos a los albergues.
La tercera, detallan, busca mejorar la identificación de personas con necesidades de protección internacional y garantizar que exista fácil acceso a la información que explica cómo y en dónde solicitar la condición de refugiado en México.
La cuarta es no privar de la libertad a los solicitantes en tanto se atiende y se procesa su solicitud, así como modificar la legislación para que puedan pedir la condición de refugiados en los puntos de entrada fronterizos y no tengan que ingresar de manera ilegal.
"Es necesario asegurar que las personas puedan solicitar la condición de refugiado en los puntos de entrada fronterizos a México sin ser privadas de la libertad,y minimizar así el ingreso por pasos ciegos en zonas de riesgo", apuntan.
La quinta acción detalla que se debe mejorar la asistencia humanitaria y de integración de las personas refugiadas, garantizando sus derechos económicos, sociales y culturales.
Mientras que la sexta, apuesta a fortalecer las condiciones de las comunidades de acogida en el sur de México, con el fin de lograr una plena inclusión y evitar que las personas refugiadas se conviertan en una carga para estas comunidades.