La reciente detención del presunto asesino del sacerdote Marcelo Pérez ha generado un fuerte impacto en la comunidad de San Cristóbal de las Casas y en el ámbito nacional
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el detenido es Edgar N, quien fue aprehendido por la Fiscalía de Chiapas. Desde el domingo, cuando se produjo el asesinato del padre Marcelo, las autoridades han estado trabajando para esclarecer el crimen. La Fiscalía General de la República (FGR) había decidido atraer el caso, pero debido a la rapidez de los acontecimientos, la Fiscalía estatal logró realizar la detención antes de que se formalizara esta transferencia. Sheinbaum enfatizó que las dos fiscalías colaborarán para asegurar que la investigación avance sin contratiempos.
Marcelo Pérez, un sacerdote jesuita y activista de derechos humanos, había sido una figura emblemática en Chiapas durante décadas. Su labor en comunidades indígenas y su papel como mediador en conflictos locales lo habían colocado en una posición vulnerable frente a grupos criminales que se oponían a su activismo. A pesar de haber recibido amenazas y contar con medidas de protección, su vida fue truncada cuando fue emboscado por sicarios tras oficiar una misa el domingo.
El padre Marcelo tenía 51 años y su muerte ha sido condenada por diversas organizaciones de derechos humanos y la Compañía de Jesús, que lo describió como un símbolo de resistencia y defensa de los derechos humanos
El asesinato del padre Marcelo ha puesto de relieve la grave situación de violencia en Chiapas, donde se han reportado más de 500 homicidios en lo que va del año, un aumento significativo respecto al mismo período del año anterior. Las organizaciones no gubernamentales han advertido sobre un "conflicto armado no reconocido" en la región, donde grupos criminales luchan por el control territorial, lo que ha llevado a miles de desplazados y víctimas de violencia.
La Diócesis de San Cristóbal ha hecho un llamado urgente a las autoridades para desmantelar estos grupos criminales y restaurar el orden en la entidad. La ONU-DH también ha condenado el asesinato, subrayando que a pesar de las constantes denuncias y medidas preventivas, estas resultaron insuficientes para proteger al sacerdote.