La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó su proyecto de presupuesto para el año 2025, que incluye una notable reducción en las remuneraciones de sus funcionarios
La SCJN aprobó un presupuesto de 5,922.9 millones de pesos para el 2025, lo que representa una disminución del 1.4% en términos reales respecto al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para el año anterior. Este recorte se produce en un contexto donde se busca que ningún funcionario público, incluidos los ministros, perciba un salario mayor al de la Presidenta de la República. Para cumplir con esta disposición, se procederá a la rebaja salarial de 330 funcionarios, incluyendo a ministros y otros altos mandos de la Corte.
El ajuste salarial es parte del cumplimiento del artículo Séptimo transitorio del decreto reformador, que define las remuneraciones y establece límites claros a las percepciones de los funcionarios. Este artículo incluye todas las formas de compensación, desde dietas hasta bonos y gratificaciones, excluyendo solo aquellos gastos comprobables relacionados con el desarrollo laboral. La SCJN ha declarado que este ajuste es necesario para garantizar los recursos suficientes para la actualización del tabulador salarial conforme a las reformas constitucionales recientes.
La reciente reforma judicial en México ha introducido cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial
Entre ellos se destaca la posibilidad de que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, lo que podría transformar la dinámica del sistema judicial e incrementar la politización del mismo. Esta propuesta ha generado preocupaciones sobre la independencia judicial y el riesgo de captura política, especialmente dado el contexto actual donde un solo partido controla tanto el Ejecutivo como el Legislativo.
El proyecto fue aprobado con ocho votos a favor y tres en contra, siendo las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz Ahlf quienes se opusieron a la medida. Batres expresó su desacuerdo a través de redes sociales, señalando que persiste una "remuneración inconstitucional" debido a la falta de transparencia en los conceptos salariales. Las críticas hacia la reforma judicial también han sido contundentes desde diversos sectores, incluyendo voces prominentes como el expresidente Ernesto Zedillo, quien advirtió sobre el debilitamiento de la independencia judicial y los peligros que esto representa para la democracia en México.
La mayor parte del presupuesto aprobado por la SCJN se destinará a "Servicios Personales", es decir, remuneraciones y prestaciones para los trabajadores conforme a las Condiciones Generales de Trabajo. A pesar de las reducciones en este rubro, el proyecto presentado por la ministra Norma Piña incluye planes para duplicar el presupuesto destinado a "proyectos", lo que sugiere un enfoque en mejorar la infraestructura y tecnología necesaria para el funcionamiento efectivo del Tribunal