Este viernes, el plazo aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para reiniciar labores en todos los juzgados y tribunales federales vence, lo que ha llevado a cientos de trabajadores a manifestarse en la sede de la Judicatura
Los inconformes exigen un nuevo acuerdo que les permita extender la suspensión de actividades, argumentando que no existen condiciones adecuadas para regresar a laborar. A diferencia de ocasiones anteriores, el CJF no ha convocado a sesión del Pleno para analizar y votar una prórroga a la suspensión, lo que ha generado incertidumbre entre los empleados.
El pasado 3 de octubre, el Pleno de la Judicatura había otorgado una prórroga que vence hoy, reconociendo que las condiciones no eran propicias para el retorno a las actividades en los juzgados y tribunales. Esta decisión se tomó con la intención de continuar las mesas de diálogo entre los trabajadores y la Judicatura. Durante esa sesión, el consejero Javier Molina expresó que "la suspensión de plazos no puede ser indeterminada", aunque votó a favor de la prórroga junto con otros consejeros como Norma Lucía Piña Hernández, José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez.
Los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya y Eva Verónica de Gyvés se manifestaron en contra de extender la suspensión
Con el vencimiento del plazo hoy, si no se realiza una nueva sesión del Pleno y se aprueba otra prórroga, todos los trabajadores estarán obligados a reiniciar sus labores el próximo lunes. La situación ha llevado a una creciente tensión entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes sienten que sus derechos no están siendo considerados en medio de las reformas judiciales propuestas por el gobierno.
La reforma al Poder Judicial, impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, busca transformar profundamente la judicatura mexicana. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la elección popular de jueces y magistrados, lo que cambiaría el sistema actual basado en nombramientos por parte del Ejecutivo y del Senado. Esta reforma ha sido objeto de un intenso debate en el Congreso y ha generado preocupaciones sobre su posible politización.
López Obrador ha defendido la reforma como un paso necesario para garantizar un verdadero estado de derecho y combatir la corrupción dentro del sistema judicial. Sin embargo, críticos advierten que esta transformación podría debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a influencias políticas indebidas