Guardia Nacional:la delgada línea entre la militarización y la seguridad
La reforma de la guardia nacional en México, se centra en cambiar el control del mando a la secretaría de la defensa nacional (Sedena).
Aunque esta corporación fue creada en 2019 como una institución de carácter civil, con esta modificación se permite que quede bajo el mando de la Sedena, lo que formaliza su vinculación con las fuerzas armadas.
Con la reforma se modificarán los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la constitución política, cambios con los que se busca que la sedena, forme parte de la fuerza armada permanente (ejército, la fuerza aérea, la armada) y tenga la facultad de investigación de delitos.
Además, se posibilita a las fuerzas armadas a realizar, de forma permanente, tareas de seguridad pública y civiles.
Uno de los principales argumentos del gobierno, es que derivado de las circunstancias actuales de violencia, el apoyo de estas corporaciones es esencial para enfrentar estos problemas de seguridad con una estrategia más efectiva.
Actualmente más del 80% de los 130.000 integrantes de la guardia nacional provienen del ejército y de la marina, según cifras del instituto nacional de estadística y geografía.
Aunque la Sedena tiene una estructura de logística, inteligencia y de despliegue territorial, en el caso de la guardia nacional podría perder su enfoque en derechos humanos y transparencia, características más propias de instituciones civiles, lo que aumenta el riesgo de abuso de poder y violaciones a las libertades de las personas.
Además se aumentará el empoderamiento político y económico de la Sedena pues los recursos materiales, financieros y humanos con que cuenta la guardia nacional estarían bajo su control.
Mientras que algunos ven en esta reforma una solución a la crisis de seguridad en México, otros advierten sobre los peligros de militarizar aún más la seguridad pública y los posibles efectos adversos para los derechos humanos, situación que está lejos de garantizar la seguridad.
