La Laguna: agua concesionada, población sin acceso básico.
El acaparamiento del agua pone en riesgo a La Laguna: más de un millón sin acceso potable.
La crisis del agua en la Comarca Lagunera se ha intensificado, afectando a más de un millón de personas que no tienen acceso permanente al recurso vital, mientras la mayor parte del agua disponible está en manos de unas cuantas familias y dedicada a la agroindustria. Este modelo de producción, potenciado por políticas neoliberales y respaldado por dependencias gubernamentales, ha priorizado la extracción y explotación del agua con fines comerciales, dejando en segundo plano el derecho humano al agua.
Según Gerardo Jiménez, integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero, "el mayor volumen de agua se está destinando a la producción agrícola. En 2022, la producción agrícola valía 8 mil millones de pesos, y la producción de leche bronca, 22 mil millones de pesos. Ese es el costo de sostener un patrón de producción".
A lo largo de los años, la política extractiva ha favorecido el crecimiento económico de la región, con la agroindustria representando un tercio de la economía de La Laguna. Sin embargo, esta concentración de recursos ha resultado en la sobreexplotación del agua y ha limitado el acceso al agua potable para la población. Gerardo Jiménez subraya que "se ha priorizado el insumo del agua para producción, como una mercancía, y eso ha favorecido a un crecimiento económico importante, pero ha demeritado el abasto para la población".
Actualmente, las presas que abastecen a la región, como Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, se encuentran en niveles críticos, con un almacenamiento del 22% y 46% respectivamente. Esta situación es consecuencia, según los ambientalistas, de la división administrativa de las cuencas, gestionada desde una perspectiva mercantil y no hidrológica. Rafael Zuno, también integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero, señala: "Tenemos problemas porque compartimos una frontera con más de 26 acuíferos".
El acaparamiento de agua no solo ha afectado a la población en términos de acceso doméstico, sino que también ha impactado negativamente a pequeños propietarios agrícolas, cuyos modelos de producción eran colectivos. Las concesiones otorgadas por CONAGUA han beneficiado principalmente a grandes empresarios, a expensas de la estabilidad ecológica de la región. Según Héctor Macías, presidente de la organización Alzando Voces A.C., "no es posible que se esté extrayendo, que CONAGUA sepa sobre la extracción ilimitada del agua del subsuelo, y no haga nada para saber quiénes son los responsables de esta sobreexplotación".
Pese a que la ley establece desde los años noventa vedas para el otorgamiento de nuevas concesiones de agua en la Comarca, estas no han sido respetadas. En respuesta, diversos grupos ambientales han recurrido a estrategias legales para forzar a las dependencias federales a cumplir con sus obligaciones. Francisco Valdés Pérezgasga, presidente de Prodefensa del Nazas, destaca la importancia de estas herramientas legales: "Esperamos que estas herramientas jurídicas cada vez se conozcan más y más grupos ciudadanos, para que lluevan los amparos y se empiece a corregir, en todo el país, este problema".
En un fallo reciente, un juez federal sancionó administrativamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), María Luisa Albores, y al director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Germán Martínez, por no cumplir con un mandato de la Corte que les obliga a presentar un proyecto para la recuperación del acuífero lagunero. Según Valdés Pérezgasga, lo que sigue es que "CONAGUA y SEMARNAT saquen su programa conjunto y entremos nosotros a revisarlo y sugerir cambios".
Mientras las autoridades no tomen acciones firmes, La Laguna enfrenta el riesgo de convertirse en una región desértica, afectando tanto a la población como al entorno natural, un escenario que recuerda a las distopías retratadas en el cine y la literatura.
