A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenara al estado mexicano retirar la figura de la prisión preventiva oficiosa de la constitución para adecuarse a la legislación internacional, el debate se pone sobre la mesa.
Los delitos graves citados en la legislación mexicana para los que la prisión preventiva aplica son:
homicidio doloso
feminicidio
violación
secuestro
trata de personas
abuso o violencia sexual contra menores
delincuencia organizada
robo de casa habitación
uso de programas sociales con fines electorales
corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito
robo al transporte de carga
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
delitos en materia de desaparición forzada de personas
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
delitos de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación
Dicha medida permite enviar de forma automática a la cárcel a los acusados en una serie de delitos en la primera fase del proceso, sin que lo decida un juez. Se aplica para un catálogo de 16 crímenes que va desde el feminicidio hasta el robo a casa habitación.
Esta figura, que es una anomalía en el resto de latinoamérica, es contraria a las garantías internacionales según la corte interamericana.
Desde hace un año el tribunal internacional solicitó a méxico eliminar esta figura. Sin embargo, esto no ha ocurrido.
La secretaría de gobernación afirma que de eliminarse la prisión preventiva oficiosa quedarían en libertad más de 68 mil presuntos delincuentes de los cuales.
11 mil 640 están acusados de homicidio
7 mil 150 de secuestro
5 mil 617 de violación
4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo
3 mil 800 de portación de armamento y explosivos
mil 405 de feminicidio
mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores
405 de delincuencia organizada
A nivel nacional más de 232 mil personas se encuentran en la cárcel y por lo menos 68 mil en prisión preventiva oficiosa, es decir la tercera parte no cuenta con una condena y ningún juez ha valorado porque debe estar privado de su libertad.
Especialistas aclaran que si se invalidará este recurso legal, no quedarán en libertad todas los detenidos bajo esta medida, pues jueces o tribunales tendrían que revisar cada caso para determinar si siguen presas.
Estados más impactados por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa
el estado de méxico registra 21 mil 718 personas bajo esta figura
Jalisco 8 mil 342 casos
Veracruz 4 mil 554
Michoacán 3 mil 315
Puebla con 3 mil 44
El debate sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa tiene opiniones encontradas, por un lado, quienes abogan por su eliminación argumentan que viola los derechos humanos, por otro lado, quienes la defienden consideran que es necesaria para garantizar la seguridad pública.
La realidad es que es imprescindible equilibrar ambas para proteger a la sociedad, además de abordar las causas de la delincuencia y fortalecer el sistema de justicia para garantizar que los procesos legales sean ágiles, justos y transparentes.