Defienden perredistas a Rogelio "N"

El ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Alberto Velázquez Flores, dejó en claro que el ex secretario de gobierno Rogelio Franco Castán, no fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar como se ha manejado en los medios de comunicación y otras vías, sino por presuntos ultrajes a la autoridad, lo cual, afirmó, es totalmente mentira.

En entrevista, detalló, que si bien, existe una denuncia por violencia familiar de parte de su ex pareja sentimental; sin embargo, cuenta con una suspensión provisional en contra de ese proceso, por lo que no podía ser detenido.

"Lo que sucedió es que la policía ministerial lo intentó detener aun con esa suspensión provisional y esto provocó un ligero dimes y diretes que ellos están tratando de culparlo como ultrajes a la autoridad y eso es lo que lo tiene actualmente detenido y sujeto a un proceso seguramente en unas horas", detalló.

Expuso, que la situación se dio en una zona del municipio de Tuxpan donde no hay cámaras de vigilancia, en lo cual no hay evidencia de lo sucedido; sin embargo, existen testigos presenciales de que Rogelio "N" fue sometido inmediatamente e ingresado a la patrulla de los uniformados.

El perredista, mencionó que antes del día jueves el delito de ultrajes a la autoridad no era grave y a partir de ese día el congreso local reformó la ley para que se considerara como grave, lo cual puso en duda esta acción.

"El jueves lo aprueban como delito grave, un día en la noche es publicado en la gaceta oficial y en los transitorios dice que un día después ya surtía efecto la reforma, por lo tanto, el día viernes ya tenía efecto, esto sucede en sábado y en el momento que los ministeriales arman este delito de ultrajes a la autoridad, pues ya es un delito grave, y eso tiene a Rogelio Franco en un proceso penal prácticamente inventado por la policía ministerial".

Por ello, aseveró que el juez de control deberá analizar el caso y dar libertad de inmediato al ex funcionario estatal, dado a que se están violentando sus derechos humanos, ante una presunta fabricación de este delito.

Este lunes, en la primera audiencia en el municipio de Tuxpan el juez dictó ocho meses de prisión preventiva, mientras se realizan las investigaciones del caso.