Disculpa Pública por desaparición forzada de Christian Téllez
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reconoció que el Estado mexicano incurrió en violaciones graves a derechos humanos en tres casos de desaparición forzada, por los cuales ofreció una disculpa pública.
Este es el primer acto de disculpa pública que el Estado mexicano lleva a cabo por casos de desaparición forzada presentados -y reconocidos en 2019- ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyas víctimas son Christian Téllez Padilla ocurrido en Veracruz en 2010, Israel Moreno de Oaxaca en 2011 y Víctor Manuel Guajardo de Coahuila en 2013.
"Ofrezco, a nombre del Estado mexicano, disculpas públicas por sus desapariciones, por las violaciones graves a sus derechos a la vida, a la integridad y a su dignidad, y ofrezco disculpas por la falta de justicia y por la actitud negligente del Estado mexicano que, durante años, ha negado el derecho a la justicia", expresó el subsecretario.
Agregó que esta práctica es uno de los grandes retos que enfrenta el actual gobierno mexicano, pues hasta ahora hay registro de al menos 79,000 personas desaparecidas.
Por su parte, el Secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos, detalló que a nombre del gobierno que encabeza Cuitláhuac García, expresó el más profundo reconocimiento a la señora María Eugenia Padilla, madre de Christian Téllez.
El pasado 5 de agosto de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió un dictamen contra el Estado mexicano, en relación a la comunicación que en noviembre de 2015 presentó IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., en representación de los familiares de Christian Téllez Padilla.
En el dictamen, el Comité requiere a México llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de la desaparición forzada del joven.
Christian Téllez desapareció el 26 de octubre de 2010 cuando fue interceptado por ocho elementos de Policía Intermunicipal mientras viajaba en su automóvil por Poza Rica.
Una de sus compañeras en la Universidad del Golfo de México, donde estudiaba Ingeniería Industrial, presenció los hechos y declaró que los policías lo obligaron a bajar de su vehículo a punta de pistola y lo subieron a una patrulla.
La Policía Intermunicipal y la Agencia Veracruzana de Investigación, aseguraron a la familia que el joven no fue detenido por los elementos intermunicipales.
Sin embargo, la joven identificó a tres de los policías que se lo llevaron, pero fueron absueltos por sus mandos quienes posteriormente fueron arrestados por vínculos con Los Zetas.
La entonces Procuraduría General del Estado, inició una averiguación previa que posteriormente fue atraída por la anterior PGR. Ambas autoridades afirmaron haber perdido los teléfonos y nombres de los posibles implicados.
