El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero mediante la implementación de medidas que requieren que las instituciones financieras informen sobre depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos mensuales
Según las disposiciones vigentes, cualquier depósito en efectivo que exceda este monto debe ser reportado automáticamente al SAT, incluso si se realiza en diferentes cuentas bancarias. Esto implica que, si un contribuyente tiene varios ingresos en efectivo dispersos en distintas instituciones financieras, el SAT recibirá notificaciones individuales de cada uno de ellos.
Las entidades financieras están obligadas a enviar estas alertas de forma independiente al SAT, lo que significa que cada movimiento que supere el umbral establecido será analizado por la autoridad fiscal, sin importar que el contribuyente utilice más de una cuenta bancaria. Esta medida busca mejorar el cumplimiento de las regulaciones fiscales y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Esta iniciativa afecta a bancos, cooperativas de crédito y cajas de ahorro, con el objetivo de garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales
Uno de los focos de atención del SAT son las transacciones que impliquen la compra de bienes de alto valor, tales como vehículos, propiedades o joyas, ya que estos movimientos podrían ser indicativos de ingresos no reportados o de origen cuestionable. Los expertos fiscales señalan que esta vigilancia también permite al SAT verificar que los impuestos sean calculados de manera correcta, tomando en cuenta los ingresos derivados de esas operaciones.
El no poder justificar los depósitos en efectivo puede traer serias consecuencias fiscales y legales para los contribuyentes. En primer lugar, si el origen de los fondos no puede ser respaldado con documentos como comprobantes de pago o facturas, el SAT podría reclasificar los recursos como acumulables para fines fiscales. Esto podría derivar en una auditoría fiscal, que consiste en una revisión detallada de las declaraciones de impuestos del contribuyente, con el fin de verificar si se están cumpliendo las obligaciones fiscales correspondientes.
En caso de detectar omisiones, el SAT puede aplicar sanciones económicas, que incluyen multas y recargos por impuestos no reportados. Si el contribuyente no logra justificar sus ingresos de manera adecuada, podrían incluso iniciarse investigaciones penales, lo que implicaría consecuencias legales aún más graves
Además, los efectos no se limitan solo a los aspectos fiscales, ya que la reputación financiera del contribuyente también se vería afectada. Esto podría complicar su capacidad para acceder a crédito o realizar transacciones importantes, ya que las instituciones financieras suelen evaluar la confiabilidad fiscal de sus clientes antes de otorgarles préstamos o servicios.
Ante la creciente presión fiscal, es fundamental que las personas que manejan grandes cantidades de efectivo estén al tanto de la obligación de reportar sus depósitos. Los expertos sugieren que contar con una correcta documentación y un control adecuado de los ingresos es clave para evitar complicaciones con el SAT. Además, es recomendable llevar un registro claro de las transacciones y, en caso de ser necesario, contar con asesoría fiscal para garantizar el cumplimiento de la ley.
Es importante destacar que, según el SAT, no se consideran depósitos en efectivo aquellos que se efectúan a favor de personas físicas o morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba
Además, el SAT ha aclarado que no cobra impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es falso que el SAT cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros), tandas o préstamos personales no se les vigila, ni cobra algún tipo de impuesto.