El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la "Ley Laken Riley", la cual endurece medidas contra los migrantes.
Con esto las autoridades pueden detener y deportar a los indocumentados que cometan delitos, incluso si son menores como el robo a una tienda.
El republicano firmó la ley, la primera desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, en la Sala Este de la Casa Blanca, ante un centenar de invitados, entre ellos familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado cuya muerte inspiró la legislación.
"Estados Unidos nunca olvidará a Laken Riley", dijo Trump, quien aseguró que el migrante que la asesinó, procedente de Venezuela, debería haber sido deportado.
"En lugar de ser expulsado, como debería haber ocurrido, fue liberado en EE.UU., al igual que millones de otras personas, muchas de ellas muy peligrosas, pero ya ven lo que estamos haciendo: los estamos sacando de aquí", subrayó.
Durante su discurso, Trump dijo que Riley era una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en el estado de Georgia en febrero de 2024 por un migrante venezolano indocumentado, José Ibarra.
Ibarra residía de manera irregular en EE.UU. y había sido detenido por un delito menor de hurto en tiendas, pero se le permitió permanecer en el país mientras su caso migratorio estaba en proceso. Fue declarado culpable del asesinato de Riley a finales de 2024 y cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Su muerte avivó el debate sobre la inmigración en la recta final de las elecciones de noviembre de 2024, en las que la candidata demócrata y entonces vicepresidenta, Kamala Harris, perdió frente a Trump, quien había prometido las mayores deportaciones en la historia del país.
La iniciativa contra los migrantes fue aprobada el pasado 22 de enero por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, con el respaldo casi unánime de esa bancada, excepto un legislador que no votó y el apoyo de 46 congresistas demócratas.
La ley también recibió el visto bueno del Senado de EE.UU., donde los republicanos tienen mayoría, con el respaldo de 12 senadores demócratas, pese a la oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes, tradicionalmente alineados con el Partido Demócrata.
Estos grupos denunciaron la medida por considerarla demasiado radical, al punto de que podría desencadenar redadas masivas contra personas acusadas de delitos menores, como el hurto en tiendas.
Organizaciones de derechos civiles e inmigrantes también alertaron de que la ley elimina el debido proceso para acusados de delitos no violentos.
Los migrantes detenidos contemplados en la nueva legislación incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas y los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El documento también autorizará a los fiscales generales de los estados del país intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.
Según los cálculos de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de tres mil millones de dólares adicionales y aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60 mil camas para poder aplicar esa ley.
El magnate dijo el lunes durante una conferencia de legisladores republicanos en su hotel en Doral, cerca de Florida que la aprobación de esta ley es solo el principio. Aseguró que su gobierno aplicará duras medidas contra extranjeros criminales y se restaurará totalmente el estado de derecho en el país.