La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) es uno de los principales lastres que impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres; es una consecuencia más del estado patriarcal y sus desigualdades estructurales, y su práctica lacera de forma directa los derechos de las mujeres.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra.
Autoridades electorales señalan que este tipo de violencia cada vez es más constante, pues a la fecha han sido sancionados 317 sujetos, entre ellos alcaldes, regidores y funcionarios públicos en general.
Mientras que Veracruz ocupa el segundo lugar con 45 sanciones, lo cual pone en la mira a la entidad por parte de activistas y autoridades electorales.
El segundo lugar lo ocupa Oaxaca con 119, Tabasco 30, Chiapas 21, Baja California 14, Quintana Roo 12, Baja California Sur 11, Sonora 11 y Chihuahua 10.
Un caso en la entidad Veracruzana fue el de la diputada local Ruth Callejas, quien denunció al ex secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos por incurrir en este tipo de agresiones durante su comparecencia en 2022. Ante ello la denuncia continúa en análisis por segunda vez en el OPLE, pues ante el fallo de órganos electorales se decidió regresara al OPLE para su revisión?
La participación plena de las mujeres en el ámbito político no solo es un derecho humano que debe ser garantizado, si no es un requisito indispensable tanto para el adecuado funcionamiento de la democracia, como para el crecimiento y desarrollo próspero de nuestras sociedades
Este sector de la población se ha enfrentado, con severos problemas no solo de discriminación por ser mujeres, sino tambien temas de violencia en general, agresiones, asesinatos, donde incluso los propios partidos políticos son los que violentan la paridad a la hora de repartir candidaturas.
El 50 por ciento de las denuncias, sí se logra determinar la violencia política en razón de género, en donde se aplican las penalizaciones correspondientes, como la inscripción al catálogo de sujetos sancionados para que no vuelvan a ocurrir esos hechos.