Coahuila: Publicidad oficial asfixia a la libertad de expresión y obras públicas.
En el contexto de una crisis financiera estatal y una mega deuda, el gobierno de Coahuila ha optado por priorizar el gasto en publicidad oficial a costa de recortes en obra pública. Esta práctica, denunciada por expertos como Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, y Paulina Castaño, Investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, representa un claro ejemplo del uso perverso de la publicidad oficial como mecanismo de censura.
Recursos desproporcionados para silenciar a las voces críticas.
La falta de regulación en la distribución de recursos para publicidad oficial ha permitido al gobierno de Coahuila cooptar a medios de comunicación y asfixiar la libertad de expresión. Como señala Maldonado, "hay una ley marco que no ayuda mucho", la Ley General de Comunicación Social, apodada "Ley Chayote", que facilita la discrecionalidad en el manejo de estos fondos.
Cifras reveladoras: Un gasto exorbitante en detrimento del bienestar social.
Las cifras son contundentes: durante el sexenio de Miguel Riquelme, Coahuila gastó la exorbitante suma de 3 mil 440 millones 284 mil 901 pesos en publicidad oficial, equivalente a un gasto diario de 1 millón 570 mil 435 pesos. Esta cifra contrasta con el recorte del 28.37% en el presupuesto para obra pública, lo que significa que por cada peso gastado en publicidad, se dejaron de invertir casi tres pesos en infraestructura vital para el estado.
Un sistema político viciado por la censura y el endeudamiento.
Como apunta Castaño, "estos vacíos legales perpetúan el uso perverso de la publicidad oficial como un mecanismo de censura". Esta práctica no solo limita el acceso a la información y la libre expresión, sino que también representa un despilfarro de recursos públicos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de la población.
Es urgente que las autoridades coahuilenses tomen medidas para transparentar el manejo de los recursos destinados a publicidad oficial y establecer mecanismos claros de rendición de cuentas. La libertad de expresión y el bienestar social no pueden ser sacrificados en aras de la opacidad y el uso discrecional del poder.
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
Un cliente impidió el robo con violencia a una sucursal de la cadena de tiendas Fasti en la colonia Ferrer Guardia, en la calle Herón Pérez, a escasos metros de la avenida Ávila Camacho.
Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando un sujeto ingresó al citado autoservicio portando un arma y obligando a las cajeras a entregar la venta del día.
No contó con la reacción de un cliente que lo encaró y en el forcejeo se accionó el arma, dejando lesionado al presunto asaltante y a merced de la Policía Estatal.
Al punto acudieron las fuerzas de Seguridad para levantar las primeras pesquisas y remitir a los dos involucrados al Cuartel San José para rendir sus debidas declaraciones.
Elementos de la Policía Estatal y personal de Servicios Periciales atendieron el deceso de una persona en el Barrio de Xallitic, tras caer de lo alto del puente.
De acuerdo con testigos el incidente ocurrió luego que la víctima, un hombre de entre unos 20 a 25 años de edad, se sentó en el barandal del paso elevado, luego cayó al vacío.
La muerte de la persona fue instantánea, acudiendo al punto elementos de Seguridad Pública y paramédicos para intentar socorrer al joven, quien ya había perdido la vida.
El lugar fue acordonado por los uniformados, acudiendo investigadores de Servicios Periciales para indagar si el deceso fue premeditado por parte de la víctima o si fue una imprudencia.
