Una coalición conformada por doce estados de Estados Unidos, liderada por los fiscales generales de Oregón y Arizona, presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para impugnar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, calificándolos de ilegales
La acción legal cuestiona cuatro órdenes ejecutivas que otorgan al mandatario la facultad de aumentar tarifas comerciales a nivel global sin la aprobación del Congreso.
La demanda busca detener la aplicación de aranceles del 145% sobre la mayoría de productos provenientes de China, así como un impuesto del 25% a bienes importados de Canadá y México, socios comerciales clave para los estados demandantes.
También se impugnan los aranceles del 10% aplicados a productos de otros países y el plan de incrementar tarifas a las importaciones de 46 socios comerciales adicionales a partir del 9 de julio.
Dan Rayfield, fiscal general de Oregón, afirmó que no permitirán que la "guerra económica" planteada por Trump continúe sin resistencia, señalando que estos aranceles afectan todos los aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes
Por su parte, Kris Mayes, fiscal de Arizona, calificó el plan arancelario como "no solo económicamente imprudente, sino también ilegal".
Los demandantes citan estudios que indican que durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el 95% del costo de los aranceles fue asumido por los consumidores estadounidenses.
Sumado a esto, mencionan proyecciones de la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional que anticipan que esta nueva ronda de tarifas provocará un aumento en la inflación.
Además de Oregón y Arizona, se sumaron a la demanda los estados de Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Nueva York y Vermont
El gobernador de California, Gavin Newsom, junto con el fiscal general Rob Bonta, argumentaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, invocada por Trump para justificar los aranceles, no otorga al presidente la autoridad para imponer impuestos generalizados sin aprobación legislativa.
California, con una economía que sería la quinta más grande del mundo si fuera un país independiente, ha sufrido daños económicos debido a estas tarifas, que afectan especialmente a su sector agrícola y manufacturero.
La administración Trump ha defendido los aranceles como una medida necesaria para corregir desequilibrios comerciales y proteger la industria nacional, aunque ha enfrentado críticas por el impacto negativo en consumidores y empresas estadounidenses
