Colectivos de búsqueda y madres de personas desaparecidas en México enviaron una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, criticando las propuestas gubernamentales para abordar esta crisis como "limitadas y cuestionables"
La misiva, fechada el 26 de marzo de 2025 y difundida por distintos colectivos en redes sociales, señala que las acciones anunciadas carecen de seriedad y no responden a las necesidades reales de las familias afectadas.
Entre las medidas cuestionadas destaca la iniciativa de incorporar la CURP como identificación oficial con fotografía y huellas dactilares, una propuesta que los colectivos consideran "reciclada" de administraciones anteriores (Calderón y Peña Nieto). Argumentan que recopilar datos biométricos de millones de personas "no garantiza su uso adecuado", ya que históricamente estos sistemas han sido empleados para fines distintos a los declarados.
Advierten que no se ha explicado cómo se implementaría esta medida para prevenir desapariciones, lo que genera dudas sobre su eficacia real
Los colectivos denuncian la "ausencia de disposición" de Sheinbaum para escuchar sus propuestas, contrastando esta actitud con su interés en recibir a creadores de contenido en la mañanera durante la visita al rancho Izaguirre, organizada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Jalisco. También cuestionan el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, realizado "en contravención de la normativa", según la Ley General en materia de desaparición, que exige procesos meritocráticos y transparentes.
Ante la falta de avances, los colectivos decidieron iniciar un proceso de consulta interna para elaborar "propuestas concretas" en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Este documento, que se remitirá al gobierno federal una vez concluido, busca garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente y la designación de funcionarios con experiencia y capacidad técnica.
Los colectivos enfatizan que su iniciativa "no pretende representar a todas las familias buscadoras", sino solo a quienes suscriben la carta, aunque exigen al Estado "garantizar la participación amplia" de las víctimas organizadas o no
Esta carta se suma a una serie de críticas previas. El 19 de marzo, colectivos ya habían señalado que las propuestas del Ejecutivo "exhiben ignorancia" en los mecanismos institucionales existentes o una intención de "engañar al pueblo".
Los grupos de búsqueda enfatizan que su lucha no es solo por justicia individual, sino por "garantizar la participación amplia de las familias" en las decisiones que afectan sus derechos. La carta subraya que la diversidad de colectivos en el país refleja la complejidad de la crisis, pero también exige al Estado asumir su responsabilidad de "escuchar y actuar" con seriedad.
Mientras tanto, las familias siguen organizándose para presionar por cambios que trasciendan las declaraciones públicas y se traduzcan en acciones concretas