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Seguro conoces organismos internacionales como la ONU, la UE, la OMS, el FMI o la OTAN, pero ¿qué son y para qué sirven en un mundo tan interconectado? ¿Siguen siendo relevantes frente a pandemias, guerras y el cambio climático?

Los organismos internacionales son asociaciones de países creadas para enfrentar problemas que trascienden las fronteras de un solo Estado. Su propósito principal es promover la cooperación y el entendimiento entre sus miembros, abordando temas que van desde la paz y la seguridad hasta la salud, el comercio y los derechos humanos. Estas entidades tienen una estructura permanente y están regidas por tratados o acuerdos que establecen sus leyes y principios, siempre respetando las normativas de las naciones miembro.

Existen dos tipos principales: los de vocación universal, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que buscan un impacto global, y los regionales, como la Unión Europea (UE) o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuyo alcance se limita a una región específica. Otros ejemplos incluyen el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, enfocados en la estabilidad económica, o la Organización Mundial del Comercio (OMC), que regula el intercambio comercial global.

La ONU, creada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, busca mantener la paz, mejorar las relaciones entre países y promover los derechos humanos. Comenzó con 51 países y ahora tiene 193, sirviendo como un foro global para discutir temas importantes

En 2024, se aprobó un presupuesto de 3,590 millones de dólares para financiar los gastos operativos de la Secretaría de la ONU, incluyendo el pago de la nómina de sus miembros. Sin embargo, este monto ha sido objeto de críticas por la percepción de que no se traduce en acciones efectivas.

Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la OMS fue acusada de actuar con lentitud para declarar la emergencia y de depender excesivamente de datos proporcionados por China.

Su iniciativa COVAX, diseñada para acelerar el desarrollo y distribución equitativa de vacunas, falló en su objetivo: según la OMS, cerca de 15 millones de personas murieron debido a la desigualdad en el acceso a estas dosis, dejando a muchos países en desventaja

En conflictos armados, la ONU también ha enfrentado señalamientos. Aunque ha enviado ayuda humanitaria a lugares como Siria y desplegado misiones de paz en Sudán del Sur, Mali o la República Democrática del Congo, no ha logrado detener guerras en Yemen, Etiopía o Ucrania, ni prevenir la invasión rusa de 2022, a pesar de sus recomendaciones.

Uno de sus escándalos más graves ocurrió en Haití, donde los "cascos azules" -el personal militar de la ONU- fueron enviados para estabilizar un país golpeado por inestabilidad, violencia y desastres naturales. Sin embargo, algunos soldados abusaron sexualmente de mujeres haitianas, dejándolas embarazadas. Cuando el caso salió a la luz, la ONU prometió apoyo a las víctimas, pero la credibilidad de la organización quedó gravemente dañada.

Creada en 1948 como organismo especializado de la ONU, la OMS coordina la salud internacional con el objetivo de garantizar que todas las personas alcancen el mejor nivel de salud posible. Con 194 países miembros y un presupuesto anual aproximado de 2,500 millones de dólares, depende en gran medida de contribuciones voluntarias

Más allá de la ONU y la OMS, otros organismos internacionales desempeñan funciones esenciales. El FMI y el Banco Mundial apoyan la estabilidad económica y el desarrollo, aunque son criticados por imponer condiciones que a veces perjudican a los países más pobres. La OTAN, como alianza militar, asegura la defensa colectiva de sus miembros, mientras que la OMC regula el comercio global, aunque enfrenta retos por tensiones entre potencias como Estados Unidos y China.

En un contexto de crisis múltiples -pandemias, guerras, cambio climático-, muchos se preguntan si estos organismos están a la altura. Por un lado, su relevancia es innegable: facilitan la coordinación global, establecen normas internacionales y brindan ayuda humanitaria. Sin la ONU, no existirían acuerdos como el Acuerdo de París (2015) para combatir el cambio climático, aunque las emisiones de carbono siguen aumentando por el incumplimiento de muchos países. Sin la OMS, la respuesta a pandemias sería caótica. Agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) también destacan: en 2023, alimentó a más de 100 millones de personas en 88 países.

La falta de recursos, alimentada por su dependencia de donaciones, limita su capacidad de acción. La burocracia retrasa decisiones clave, y la influencia desproporcionada de potencias como Estados Unidos, China y Rusia genera tensiones y acusaciones de parcialidad. Además, la falta de transparencia en el uso de fondos ha avivado críticas sobre su eficiencia

Entre sus logros, la ONU ha impulsado normas de derechos humanos y coordinado respuestas a desastres naturales, mientras que la OMS ha erradicado enfermedades como la viruela. Sin embargo, los fracasos resuenan más fuerte: la incapacidad para detener genocidios como el de Ruanda en 1994, las violaciones de los "cascos azules" o la inequidad en la distribución de vacunas durante la COVID-19 muestran sus limitaciones. La Corte Penal Internacional (CPI), por ejemplo, investiga abusos en Myanmar o Venezuela, pero su poder para hacer cumplir resoluciones es escaso.

A pesar de sus fallos, los organismos internacionales son indispensables. Ningún país puede resolver solo problemas como el calentamiento global, las pandemias o los flujos migratorios masivos. La ONU y sus agencias, como el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), salvan vidas en crisis humanitarias, mientras que acuerdos internacionales sientan las bases para un futuro más sostenible. Sin embargo, su éxito depende de la voluntad política de sus miembros y de reformas que las hagan más ágiles y equitativas.

El Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) ha iniciado su cuadragésima sesión, durante la cual evaluará el cumplimiento de México con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Esta evaluación es crucial, ya que México es un país clave en la migración laboral internacional, actuando como origen, tránsito y destino de personas migrantes

El gobierno mexicano presentó un informe destacando reformas legales y acciones para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Francisca Méndez Escobar, titular de la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales en Ginebra, reafirmó el compromiso del Estado mexicano con la Convención Internacional en materia de migración y su apertura al escrutinio internacional. Aunque se han logrado avances, persisten desafíos importantes en la protección de los derechos de los migrantes.

El informe subraya el incremento de la migración en la última década, con un 77% de los flujos migratorios realizados de manera irregular. Entre enero y mayo de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró a más de un millón 366 mil personas provenientes de más de cien países.

Las mujeres representan el 48% de estos flujos, y se han sumado a este fenómeno niños y adolescentes solos o acompañados, adultos mayores, personas de la comunidad LGBT+, individuos con enfermedad o discapacidad, e indígenas, entre otros

Estos migrantes suelen dejar sus lugares de origen debido a la pobreza, falta de oportunidades, fenómenos naturales, búsqueda de reunificación familiar, violencia e inseguridad. El gobierno mexicano ha adoptado medidas para apoyar a los connacionales detenidos con fines de deportación en Estados Unidos, especialmente ante el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Durante la evaluación, los relatores del comité cuestionaron la participación de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional en programas de protección de migrantes, ya que han estado involucradas en agresiones y muertes de migrantes.

Las conclusiones del comité pueden derivar en nuevas recomendaciones para fortalecer la legislación, los programas sociales y la supervisión laboral, con el fin de garantizar una migración laboral segura, digna y con pleno respeto a los derechos humanos

Además, organizaciones civiles han presentado informes alternativos destacando la necesidad de combatir el racismo y la xenofobia en la migración. Estos informes señalan que, aunque México ha ratificado convenios clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover la igualdad de trato y la protección de derechos para los trabajadores migrantes, persisten desafíos importantes en sectores como la agricultura y los servicios, donde no se respetan derechos básicos como el pago de horas extras o la libertad sindical.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado al exsenador Antonio Guerra de la Espriella a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht

La sentencia se refiere a los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de servidor público, aunque fue absuelto del delito de concierto para delinquir agravado.

El caso llegó a la Sala de Casación Penal tras una apelación presentada por la defensa del condenado, quien inicialmente había sido sentenciado a 13 años, ocho meses y un día de prisión en marzo de 2022 por tráfico de influencias en el mismo escándalo.

La sentencia destaca que Odebrecht había mostrado un interés particular en obtener un contrato de estabilidad jurídica, que proporciona garantías tributarias a las empresas. Para lograrlo, la multinacional dispuso grandes sumas de dinero y recurrió a figuras políticas como el exsenador Otto Bula para influir en servidores públicos a cambio de pagos.

Guerra de la Espriella, aprovechando su cargo como congresista, recibió dinero a cambio de intervenir en este contrato, lo que se tradujo en un incremento injustificado de su patrimonio. Además, se menciona que el exsenador Bernardo Elías habría actuado como articulador para sobornar a legisladores, facilitando así las gestiones ilegales de Guerra

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de una red de corrupción que abarcó América Latina y África. Sin embargo, la Fiscalía colombiana estima que los sobornos en el país ascendieron a 84.000 millones de pesos, equivalentes a unos 19.1 millones de dólares.

La condena de Guerra de la Espriella es un hito en el combate contra la corrupción en Colombia, especialmente en casos que involucran a figuras políticas prominentes y grandes corporaciones. La sentencia también incluye una multa superior a los 1.175 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 10 años y cinco meses

El caso Odebrecht fue un escándalo de corrupción transnacional que involucró a la constructora brasileña Odebrecht, una de las empresas más grandes de América Latina

Este caso se destapó a partir de la Operación Lava Jato en Brasil, una investigación iniciada en 2014 que reveló una red masiva de sobornos pagados por la compañía a políticos, funcionarios y empresarios en al menos 12 países, principalmente en América Latina, para obtener contratos de obra pública. Odebrecht admitió haber desembolsado cerca de 788 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016, lo que generó beneficios millonarios a través de proyectos de infraestructura. En 2016, la empresa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aceptando pagar una multa de 3,500 millones de dólares, la mayor de su tipo en un caso de corrupción.

En el caso de México, Odebrecht estuvo vinculada al pago de sobornos por un total de 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estos pagos se realizaron a funcionarios de alto nivel, principalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex), para asegurar contratos de obras públicas, como la reconfiguración de refinerías en Minatitlán, Tula y Salamanca, y el proyecto del gasoducto Los Ramones.

Uno de los principales señalados en México fue Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex (2012-2016), quien presuntamente recibió estos pagos a cambio de favores. Lozoya, extraditado de España en 2020, enfrenta cargos por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa