Organizaciones de defensa de periodistas señalan que, en medio de la efervescencia política rumbo a las elecciones de 2024, se observan más ataques de funcionarios o aspirantes a cargos públicos contra la prensa y, en la Ciudad de México, el poder Legislativo podría hacer obligatoria la capacitación de los funcionarios en materia de derechos de los periodistas.
En tanto, Pedro Cárdenas consideró que "lo que se tendría que hacer desde el poder legislativo local es generar la obligación de que funcionarios, precandidatos y candidatos estén en conocimiento mínimo de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de comunicación".
Uno de esos estándares es que los funcionarios "deben permitir y promover un debate público amplio con divergentes opiniones, permitiendo o dejando pasar puntos que pueden ser incómodos para los funcionarios", explicó.
En el Congreso local se han discutido alternativas como el Semáforo de Violencia contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que consiste en catalogar agresión tipo A, chantajes o engaños a la prensa; tipo B, a descalificar, ridiculizar u ofender; tipo C, intimidar, controlar, dañar la credibilidad o reputación, despedir por presión de terceros y destruir artículos personales, y tipo D, golpear, empujar, encerrar, aislar, encapsular, o difundir contenido falso.