El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero, ha sido un firme defensor de los aranceles como herramienta económica.
Durante su primer mandato, Trump implementó políticas arancelarias agresivas, y ahora, a solo unos días de su regreso a la Casa Blanca, planea reactivar esta estrategia, con algunas modificaciones que podrían impactar tanto a la economía estadounidense como a sus socios comerciales.
Trump ha anunciado que implementará aranceles a varios de los principales socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos China, Canadá y México. En particular, ha prometido un gravamen del 60% a las importaciones chinas, un 25% a las de Canadá y México, hasta que estos países refuercen sus políticas contra el narcotráfico y la inmigración irregular, y entre un 10% y un 20% a productos provenientes de otras regiones, incluida la Unión Europea.
El equipo de Trump contempla tres enfoques para poner en marcha esta nueva serie de aranceles. El primero sería retomar la estrategia utilizada durante su mandato anterior. En este enfoque, se basaría en las secciones 232 y 301 de la Ley de Comercio de 1974, que otorgan al presidente amplios poderes para imponer aranceles si considera que hay riesgos para la seguridad nacional o prácticas comerciales injustas. Este proceso, sin embargo, puede ser lento y está sujeto a la intervención de grandes empresas que podrían presionar para obtener excepciones.
Una segunda opción, para acelerar el proceso, es declarar una emergencia económica nacional bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA). Esta medida le otorgaría a Trump la autoridad para imponer aranceles sin pasar por largos trámites administrativos. Sin embargo, este enfoque podría enfrentar la oposición de grupos empresariales y miembros del Partido Republicano que defienden el libre comercio. Además, podría generar inflación y afectar la popularidad del presidente, quien acaba de ganar las elecciones en medio del descontento por el aumento de los precios.
Por último, existe la posibilidad de aplicar aranceles limitados a sectores específicos, como el acero, hierro, aluminio y cobre, en lugar de imponerlos de manera generalizada. Esta estrategia buscaría proteger a los consumidores estadounidenses del impacto directo de los aranceles, mientras fomenta el fortalecimiento de la industria manufacturera en áreas clave para Trump, como la defensa.
Aunque el propio Trump ha desmentido estar considerando esta opción, algunos miembros de su equipo están trabajando para persuadirlo de implementarla, pues creen que podría equilibrar los efectos económicos.
Un estudio realizado por el Instituto Peterson estima que los aranceles que Trump planea imponer podrían costar a los hogares estadounidenses un promedio de 2.600 dólares adicionales al año. Esta cifra refleja el impacto de los gravámenes sobre una amplia gama de productos importados, lo que podría generar un aumento en los precios y afectar la economía en su conjunto.
El regreso de Trump a la Casa Blanca marca el inicio de una nueva fase en la política comercial de Estados Unidos. A medida que se acercan los primeros días de su mandato, el mundo estará atento a cómo implementará estos aranceles y cuáles serán las consecuencias para la economía global.