Candidatos judiciales con presuntos lazos a García Luna

La situación del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha captado la atención tanto en su país como en Estados Unidos debido a su reciente condena por narcotráfico y delincuencia organizada

García Luna, quien fue considerado una figura clave en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Su arresto se debió a acusaciones graves que lo vinculaban con el Cártel de Sinaloa, donde se le acusó de aceptar sobornos millonarios y de conspirar para facilitar el tráfico de drogas.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que hay individuos cercanos a García Luna que están siendo considerados para ocupar cargos judiciales en México. Esto ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso judicial y la selección de aspirantes a juzgadores.

Sheinbaum ha instado a la Suprema Corte a proporcionar claridad sobre cómo se seleccionaron los candidatos para el Senado, sugiriendo que algunos nombres podrían estar vinculados a García Luna. La mandataria enfatizó la necesidad de una explicación pública sobre el proceso, dado que se había mencionado un número mucho mayor de aspirantes antes de recibir el listado final.

El juicio contra García Luna culminó con su declaración de culpabilidad en febrero de 2023, cuando un jurado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York lo encontró responsable de cinco cargos, entre ellos tres relacionados con conspiración para traficar cocaína y uno por pertenencia a una organización criminal activa

El 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan impuso una condena de 38 años y 8 meses de prisión, una decisión que marcó un hito al ser la primera vez que un alto funcionario mexicano enfrentaba una pena tan severa en Estados Unidos.

La magnitud del caso no solo radica en los delitos cometidos por García Luna, sino también en las implicaciones que tiene para la política mexicana. Durante su gestión, se estima que la estrategia contra el narcotráfico dejó más de 250,000 muertos, lo que ha generado un amplio debate sobre la efectividad y la ética de las políticas implementadas en ese periodo.