Cárceles en México: entre hacinamiento, corrupción y falta de recursos
El sistema penitenciario en México alberga a miles de personas privadas de su libertad por diversos delitos, ya sean de alto o bajo impacto. Las prisiones son los lugares destinados a la reclusión y custodia de estos individuos
La Constitución mexicana, en su artículo 18, establece la procedencia de la pena de prisión, que implica la restricción de la libertad de movimiento del delincuente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es la situación en las prisiones del país?
En el país existen tres tipos de prisiones: federales, estatales y centros especializados
Las prisiones federales, conocidas como Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), albergan a personas condenadas por delitos de jurisdicción federal, como narcotráfico o terrorismo. Son administradas por el gobierno federal y cuentan con distintos niveles de seguridad.
Por otro lado, las prisiones estatales, o Centros Estatales de Readaptación Social (CERESOS), están bajo la administración de cada estado y alojan a personas sentenciadas por delitos del fuero común, como homicidio o robo. También presentan distintos niveles de seguridad según el perfil de los internos.
Finalmente, los centros especializados están diseñados para atender a grupos específicos, como adolescentes, mujeres o personas con problemas de salud mental. Estos pueden ser operados tanto por el gobierno federal como por los estados y ofrecen programas adaptados a las necesidades de cada población.
Las cárceles en México enfrentan desafíos significativos relacionados con la capacidad y la sobrepoblación, lo que ha derivado en condiciones de vida inhumanas para muchos reclusos, según han reportado organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes a 2023, México cuenta con 331 centros carcelarios, distribuidos en 14 centros penitenciarios federales (CPF), 266 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados, con una capacidad total instalada de 229,032 espacios.
Sin embargo, al cierre de 2023, la población carcelaria ascendió a 233,189 personas, lo que representa una sobrepoblación nacional del 1.8%. Esto indica que, a nivel nacional, la población carcelaria supera ligeramente la capacidad de estos lugares de reclusión, pero esta sobrepoblación no es uniforme en todos los centros.
Los centros penitenciarios federales tienen menor capacidad que los estatales debido a la transferencia de algunos a nivel estatal y al cierre de varias cárceles federales con el tiempo
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la SEGOB, el 34% de los centros penitenciarios estatales operan con sobrepoblación, mientras que en las cárceles federales la tasa alcanza el 28%. Es importante destacar que algunas cárceles tienen tasas de sobrepoblación mucho mayores que otras.
Por ejemplo, el Centro de Reinserción Social (CERSS) No. 17 "El Bambú" en Playas de Catazajá, Chiapas, tiene una capacidad de 120 personas, pero al 24 de abril de 2024 albergaba 478 internos. Las celdas, de 9 metros cuadrados, están ocupadas por hasta 18 personas, lo que refleja una sobrepoblación significativa.
Las cárceles federales, con 28,520 espacios, tienen mayor seguridad y algunas operan con empresas privadas. Las estatales, con 200,512 espacios, dependen del presupuesto de cada estado, lo que afecta la sobrepoblación. Los centros especializados, con 6,251 espacios, también enfrentan desafíos similares
La sobrepoblación en los centros penitenciarios tiene consecuencias graves, como el aumento de tensiones, la violencia interna y las dificultades para la reinserción social.
La CNDH, durante sus supervisiones en distintos centros del país, ha identificado varios puntos recurrentes que requieren atención urgente. Entre los temas más señalados, se encuentran:
- Deficiencias en los servicios de salud.
- Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
- Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
- Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
- Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de INEGI en 2021, el 25.9% de los reclusos se sienten inseguros dentro de los centros, y muchos dependen de sus familias para garantizar la alimentación básica
La falta de acceso a servicios esenciales es un problema recurrente. En algunos casos, las instalaciones carecen de agua potable, lo que obliga a los internos a comprar agua a precios elevados o a consumir agua contaminada. La atención médica es insuficiente, con reportes de demoras en tratamientos y falta de personal especializado. Además, los espacios dignos son escasos, con celdas diseñadas para pocas personas albergando a decenas, lo que agrava el hacinamiento.
Casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos incluyen el motín de la cárcel de Topo Chico en Monterrey en 2016, donde 49 internos murieron, y el motín en el CERESO de Colima en 2022, con 9 fallecidos, ambos relacionados con condiciones precarias y autogobiernos internos.
La CNDH ha documentado que, en muchos penales, los propios internos ejercen el control, llegando a contar con habitaciones equipadas como si estuvieran fuera de la prisión. Esta situación fomenta la extorsión y la violencia, vulnerando derechos fundamentales
El mantenimiento del sistema penitenciario implica costos económicos significativos. En 2023, el presupuesto ejercido al sistema carcelario fue de 39,631 millones de pesos, comparado con la cantidad ejercida en 2022, el presupuesto disminuyó 16.4 por ciento. Este presupuesto incluye tanto los centros federales como estatales, con un gasto promedio de 203,771 pesos anuales por recluso dependiendo si se encuentran en una prisión federal o estatal, lo que representa un gasto promedio de 558 pesos diarios por recluso.