En Estados Unidos, la situación migratoria continúa siendo un desafío complejo. Según datos recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alrededor de 1.5 millones de migrantes con órdenes de deportación activas permanecen en el país, viviendo en diferentes comunidades sin estar bajo custodia
En noviembre de 2024, el informe de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO) contabilizó 1,445,549 personas provenientes de 208 países con órdenes de expulsión pendientes. Entre las nacionalidades más comunes destacan Honduras, Guatemala, México y El Salvador, con cifras que superan las 200,000 personas por país. En contraste, hay países como China, con 37,908 casos, y otros como Qatar o Corea del Norte, que registran menos de 10 órdenes de deportación.
A pesar de estos números, ejecutar las deportaciones no es tan sencillo como podría parecer. Según Ron Vitiello, exjefe interino de ICE, la falta de recursos limita significativamente la capacidad del gobierno para localizar y deportar a las personas que cuentan con órdenes activas. En los últimos años, el número de migrantes en esta situación se ha duplicado, complicando aún más las operaciones logísticas.
Muchos migrantes optan por mantener un perfil bajo para evitar ser detectados, lo que hace más difícil su localización. Además, el proceso de deportación requiere vuelos de repatriación y depende de acuerdos con los países de origen, pero no todos los gobiernos están dispuestos a cooperar.
China, Cuba, India, Rusia y Venezuela están entre los 15 países catalogados como "no cooperativos" en estos procesos, mientras que otros 11 están clasificados como "en riesgo de incumplimiento"
A pesar de las dificultades, los migrantes tienen la posibilidad de solicitar ciertos amparos legales para evitar la deportación. Estos incluyen solicitudes de asilo, retención de expulsión o protección bajo la Convención contra la Tortura, que deben ser respetados por las autoridades migratorias si se aprueban. Sin embargo, el tiempo y los recursos necesarios para procesar estas solicitudes contribuyen al estancamiento del sistema migratorio.
Para mejorar la capacidad de ejecutar deportaciones, se han propuesto varias estrategias. Una de ellas es reasignar recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para fortalecer las operaciones de ICE. También se han sugerido medidas como ampliar el espacio en centros de detención y aumentar el presupuesto para las deportaciones. Otra propuesta es reinstaurar la Iniciativa de Comunidades Seguras, que permitiría a ICE recibir notificaciones automáticas sobre el arresto de inmigrantes indocumentados.
Estas medidas han enfrentado resistencia en algunas ciudades santuario, que han adoptado políticas para proteger a los migrantes indocumentados y limitar la cooperación con las autoridades federales. Estas tensiones entre las políticas locales y federales complican aún más el panorama
Mientras que ICE lucha por cumplir su objetivo de ejecutar las órdenes de deportación, muchas comunidades buscan proteger a sus residentes migrantes. Esto crea un entorno de incertidumbre tanto para quienes enfrentan un proceso legal como para aquellos que esperan regularizar su estatus en el país. Aunque se han planteado soluciones, la falta de recursos, la resistencia local y la falta de cooperación internacional continúan siendo obstáculos importantes en la gestión de este tema.