La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno de México a intensificar las investigaciones sobre los restos humanos encontrados en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
Según denuncias de colectivos de búsqueda, el lugar funcionaba como un "campo de exterminio" vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El organismo internacional reconoció las acciones anunciadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero enfatizó que el Estado tiene la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables. También subrayó la labor de las familias buscadoras, quienes han encabezado la denuncia sobre la presencia de fosas clandestinas en el sitio.
El rancho ha estado bajo custodia de las autoridades desde septiembre de 2024, cuando fueron detenidas 10 personas en la zona. Sin embargo, fue hasta marzo de este año que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó sobre el hallazgo de restos óseos calcinados, lo que reavivó la polémica en torno a la crisis de desapariciones en México.
La CIDH destacó que el gobierno debe garantizar una investigación basada en ciencia y evidencia para la correcta identificación de los restos hallados. Asimismo, pidió que se asegure una reparación adecuada para las víctimas y sus familias, además de fortalecer las acciones de búsqueda.
Por su parte, Sheinbaum negó que en el rancho se cometieran crímenes de lesa humanidad, como han denunciado activistas y opositores. Afirmó que su administración seguirá trabajando para pacificar el país y reducir la violencia.
La presidenta también ha propuesto reformas para reforzar la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que la CIDH consideró un paso positivo. No obstante, insistió en que el Estado debe asumir plenamente su papel en la investigación y no delegar esta tarea a los colectivos ciudadanos.
La crisis de desapariciones en México sigue siendo un problema grave. Según cifras oficiales, hay más de 120,000 personas no localizadas desde que se llevan registros. El caso del Rancho Izaguirre ha generado presión sobre el gobierno para atender la situación con mayor urgencia.
El llamado de la CIDH se suma a otras voces que exigen justicia y una respuesta efectiva por parte de las autoridades mexicanas. La comunidad internacional sigue atenta a las acciones que tome el gobierno para esclarecer este caso y enfrentar la crisis de desapariciones en el país.