La justicia para menores de edad enfrenta diferentes enfoques en el mundo, dependiendo de las normativas y el contexto social de cada país.
Aunque la mayoría de los sistemas busca la rehabilitación más que el castigo, la manera en que se trata a los menores infractores varía significativamente. México, Argentina, Estados Unidos y Francia tienen sistemas penitenciarios que abordan el tratamiento de los jóvenes de manera distinta, desde la edad mínima para ser encarcelado hasta las penas máximas que pueden recibir.
Esta variabilidad refleja tanto las diferencias culturales como los objetivos y principios de justicia de cada nación.
México: Rehabilitación y reintegración en centros especializados
En México, los menores que cometen delitos graves son enviados a centros de internamiento especializados, con un enfoque en su rehabilitación más que en el castigo. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que los adolescentes pueden ser internados a partir de los 14 años.
Los menores, de entre 14 y 16 años pueden recibir penas de internamiento que no excedan los tres años, mientras que los adolescentes de 16 a 18 años pueden enfrentar hasta cinco años, aunque en casos excepcionales pueden ser extendidas si la naturaleza del delito lo requiere.
El enfoque del sistema mexicano en la rehabilitación busca ofrecer oportunidades educativas, psicológicas y sociales para prevenir la reincidencia. Sin embargo, el país ha enfrentado dificultades en la implementación de políticas y en la construcción de centros adecuados. En 2023, México reportó 1,274 adolescentes privados de libertad, lo que resalta la necesidad de mejorar tanto las condiciones de los centros de detención como los programas de rehabilitación.
Argentina: Desafíos en la implementación y tratamiento de menores
En Argentina, la Ley Nº 22278 regula el tratamiento de menores de entre 16 y 18 años que cometen delitos graves. Aunque los menores de 16 años no pueden ser encarcelados, los de entre 16 y 18 pueden ser procesados y condenados a internamiento en instituciones especializadas, que están separadas de las cárceles de adultos.
En términos de penas, los adolescentes pueden enfrentar sanciones que van desde trabajos comunitarios hasta prisión en centros de reclusión para menores, pero las condenas suelen ser más cortas que en el sistema de adultos. Las reformas en curso buscan garantizar mejores condiciones y una mayor atención a la rehabilitación.
En 2022, se reportaron 1,643 menores privados de libertad, y el debate sigue sobre cómo mejorar el tratamiento y evitar la criminalización temprana de los jóvenes.
Por otra parte, recientemente se viralizó el caso de la pequeña Kim Gómez, una niña de 7 años que falleció en un asalto. Dos adolescentes de 14 y 17 años asaltaron a su madre en un semáforo, intentando robarle el vehículo. La niña, atrapada por el cinturón de seguridad, fue arrastrada por varias cuadras mientras los ladrones huían. Tras un choque, el cuerpo de la niña fue encontrado debajo del auto. Los adolescentes fueron capturados después de que la hermana de uno de ellos los denunciara y están en espera de una sentencia.
Estados Unidos: Un sistema diverso con penas más severas
El sistema penitenciario juvenil de Estados Unidos es notoriamente diverso, ya que las leyes y regulaciones varían enormemente entre los estados. En algunos estados, como Georgia y Texas, los menores de 16 años pueden ser procesados como adultos dependiendo de la naturaleza del delito. En otros estados, la edad mínima para ser juzgado como adulto puede ser 17 años.
Este sistema permite que, en muchos casos, los menores enfrenten penas severas, incluida la cadena perpetua, aunque la Corte Suprema ha prohibido la pena de muerte para menores y ha establecido que no puede haber cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para delitos no homicidas.
A pesar de que en años recientes se han promovido reformas para proteger los derechos de los menores, las condiciones de los centros de detención en EE. UU. siguen siendo problemáticas.
En 2022, casi 60 mil menores estaban privados de libertad, con informes frecuentes sobre abusos y violaciones a los derechos humanos. La falta de programas educativos efectivos y el enfoque punitivo en algunos estados siguen siendo desafíos importantes en el sistema penitenciario juvenil de EE. UU.
Francia: Un sistema rehabilitador con enfoque educativo
Francia es conocida por su enfoque más rehabilitador en el tratamiento de los menores infractores. En lugar de castigar a los jóvenes con penas largas de prisión, el sistema judicial francés se enfoca en proporcionar educación y oportunidades de reintegración social.
La edad mínima para ser juzgado es de 18 años, pero los menores de 16 años pueden ser considerados responsables por delitos graves si se demuestra que tienen la madurez suficiente para comprender la naturaleza del acto.
El sistema penal juvenil francés pone un fuerte énfasis en el uso de medidas educativas y alternativas a la privación de libertad. Los menores que son internados en centros de detención suelen estar separados de los adultos y se les ofrecen programas diseñados para su rehabilitación y reintegración. Sin embargo, a pesar de su enfoque rehabilitador, Francia también enfrenta desafíos en términos de sobrepoblación en los centros de detención.
Comparación de las edades mínimas y penas máximas
En cuanto a la edad mínima para ser juzgado y las penas máximas, los sistemas varían considerablemente:
Aunque los sistemas penitenciarios juveniles en estos países comparten la intención de rehabilitar a los jóvenes infractores, existen diferencias significativas en cuanto a la edad mínima para ser juzgado como adulto, las penas impuestas y las condiciones de reclusión.
El tratamiento de los menores en el sistema penal varía significativamente entre México, Argentina, Estados Unidos y Francia, con enfoques que van desde la rehabilitación educativa hasta la imposición de penas severas.
Aunque cada país enfrenta retos en cuanto a la infraestructura y los recursos, la tendencia general es hacia la rehabilitación, lo que demuestra un esfuerzo por ofrecer a los menores una segunda oportunidad en la sociedad. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas depende de la mejora continua en las condiciones de los centros de detención y la garantía de que los derechos de los menores sean siempre respetados.