Condenados a la enfermedad, malos hábitos alimenticios

El nuevo plan fiscal impulsado por Donald Trump, conocido como el "Big Beautiful Bill", ya fue aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se encamina ahora al Senado.

Entre sus propuestas más controversiales se encuentra un impuesto a las remesas enviadas al extranjero, una medida que podría tener un fuerte impacto en millones de familias mexicanas que dependen de este dinero para vivir.

La iniciativa plantea un impuesto del 3.5% a todas las transferencias de dinero que salgan del país. Es decir, si una persona envía dinero desde Estados Unidos hacia México u otro país, deberá pagar un porcentaje adicional como parte de este nuevo gravamen.

Aunque inicialmente se propuso una tasa del 5%, las presiones políticas hicieron que se redujera al 3.5%, según informó la Cámara de Representantes tras su aprobación el pasado 22 de mayo.

Este impuesto es una medida de carácter federal, no estatal, y se aplicaría en todo el país si es aprobado también por el Senado. La propuesta ha sido duramente criticada tanto por organizaciones civiles dentro de Estados Unidos como por gobiernos extranjeros, como el de México, que han calificado la medida de "discriminatoria" y "peligrosa" para la estabilidad económica de millones de familias.

Entendiendo el plan fiscal

Para entender mejor el impacto de esta propuesta, imaginemos el caso de una persona que manda 300 dólares a su familia en México.

Con el impuesto del 3.5%, se le retendrían 10.50 dólares en el momento de la transacción. Es decir, en lugar de enviar los 300 completos, solo llegarían 289.50 dólares a su destino, sin contar las comisiones que ya suelen cobrar los servicios de envío de dinero.

Si bien 10.50 dólares puede no parecer mucho en un solo envío, para quienes hacen este tipo de transacciones semanal o mensualmente, la pérdida acumulada podría ser considerable.

A lo largo de un año, con 12 envíos de 300 dólares, una persona pagaría 126 dólares solo en este nuevo impuesto. Esto representa más de 2,000 pesos mexicanos menos para la familia receptora, en un contexto donde cada peso puede marcar la diferencia.

Las remesas son una fuente vital de ingresos para millones de personas en México. Según datos del Banco de México (Banxico), en 2024 las remesas alcanzaron los 64 mil 745 millones de dólares.

La mayoría de estos envíos proviene de trabajadores migrantes que viven en Estados Unidos. Gravar estas transferencias significa, en la práctica, reducir el ingreso de muchas familias que dependen de ese dinero para alimentación, salud, educación y vivienda.

Implicaciones sociales: menos recursos para quienes más lo necesitan

El nuevo impuesto, incluido dentro del plan fiscal de Trump, ha generado una fuerte controversia porque impactaría principalmente a comunidades migrantes de bajos ingresos.

Aunque la propuesta busca justificar el cobro señalando que el dinero "sale del país", los críticos apuntan a que el verdadero efecto es castigar a quienes sostienen económicamente a sus seres queridos desde el extranjero.

Además del impuesto a las remesas, el plan fiscal contempla recortes por más de 1 billón de dólares a programas sociales como Medicaid, Medicare, asistencia alimentaria y vivienda.

Trump ha defendido la medida argumentando que los recortes sociales no afectarán a "los trabajadores estadounidenses", sino que buscan eliminar beneficios para "inmigrantes ilegales".

Sin embargo, no hay evidencia clara de que los migrantes indocumentados sean los principales beneficiarios de estos programas. Por el contrario, muchas familias trabajadoras (incluso con estatus migratorio legal) dependen de esa ayuda para sobrevivir.

¿Alternativas digitales? Migrantes podrían buscar otros caminos

Frente a esta situación, algunos expertos advierten que el impuesto a las remesas podría incentivar el uso de medios alternativos para enviar dinero, como las criptomonedas o transferencias informales que eviten el sistema financiero tradicional.

Aunque estos métodos pueden parecer una solución, también conllevan riesgos: desde la volatilidad de las criptomonedas hasta la falta de garantías legales y seguridad en envíos informales.

Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han expresado su preocupación no solo por este impuesto, sino por la dirección general del plan fiscal y del llamado Proyecto 2025.

Aunque el impuesto a las remesas es apenas una parte del "Big Beautiful Bill", representa con claridad la filosofía que lo impulsa: recortes agresivos al gasto social, menos impuestos para los sectores con mayores ingresos, más fondos para seguridad fronteriza y una visión económica centrada en la oferta y no en la demanda.

Mientras el Senado se prepara para discutir la propuesta en las próximas semanas, muchos migrantes y sus familias siguen esperando una resolución que no afecte su ya limitada economía.

Gobiernos como el de México han reiterado su rechazo al impuesto. "No queremos que haya impuesto", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, tras reconocer que, aunque la tasa se redujo del 5 al 3.5%, la medida sigue siendo injusta.

El resultado de la votación en el Senado será clave. De aprobarse, el impuesto podría entrar en vigor antes de finalizar el año, afectando los bolsillos de quienes, desde el extranjero, hacen lo posible por sostener a sus familias en casa.

Dámaso López Serrano, "El Mini-Lic" se presentó esta mañana en la corte federal de Virginia donde se declaró culpable y firmó un NUEVO acuerdo de cooperación con la fiscalía de los Estados Unidos.

Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic", se declaró culpable este 28 de mayo de 2025 ante una corte federal en Virginia, Estados Unidos, por conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo, un potente opioide sintético vinculado a la crisis de salud pública en ese país. Este delito se habría cometido entre septiembre de 2024 y la fecha actual en Fairfax, Virginia.

Durante la audiencia, López Serrano firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la fiscalía estadounidense, continuando su colaboración previa desde que se entregó voluntariamente a las autoridades en 2017. En esa ocasión, fue sentenciado a seis años de prisión por tráfico de metanfetamina, heroína y cocaína, y liberado en 2022 por buena conducta.

Sin embargo, tras su liberación, regresó a actividades delictivas y fue detenido nuevamente en diciembre de 2024 mientras cumplía arraigo domiciliario en Virginia. El FBI lo investigaba desde hacía al menos ocho meses por su presunta participación en una red de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos .

Además de los cargos por narcotráfico, en México se le señala como presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez en 2017 en Culiacán, Sinaloa. La viuda de Valdez ha solicitado su extradición para que enfrente la justicia en México .

El nuevo acuerdo de cooperación podría implicar que López Serrano proporcione información relevante sobre otros miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo posibles testimonios en casos abiertos contra figuras como Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo".

Este desarrollo marca una nueva fase en la colaboración de "El Mini Lic" con las autoridades estadounidenses, quienes podrían utilizar su testimonio en investigaciones y procesos judiciales relacionados con el narcotráfico.

A unos días de la elección más importante en la historia reciente del Poder Judicial en México, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó este miércoles a millones de ciudadanos a acudir a las urnas este 1 de junio, convencida de que una alta participación garantizará que los nuevos jueces respondan verdaderamente al pueblo.

El llamado se da en medio de encuestas que anticipan una participación baja, con cifras que oscilan entre el 5% y el 20% del padrón.

"Es muy importante que haya una participación masiva en la elección, y la va a haber, van a votar millones de personas el próximo domingo", afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, al rechazar los llamados a la abstención promovidos por sectores de la oposición y exconsejeros electorales como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.

La mandataria insistió en que este nuevo modelo de elección es más democrático, ya que antes los ministros de la Suprema Corte eran designados por el presidente y aprobados por el Senado. "Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial (...), van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia", sostuvo.

Sheinbaum también desmintió que el objetivo de esta reforma sea controlar al Poder Judicial desde el oficialismo. "¿Quién es más antidemocrático? El que llama a que todos elijamos al Poder Judicial o el que llama a no votar", cuestionó, en respuesta directa a las críticas de quienes han advertido sobre un retroceso institucional.

El próximo domingo, un total de 99.7 millones de mexicanos y mexicanas están convocados a las urnas para elegir a 881 cargos judiciales de entre 3,422 candidatos. Entre los puestos que estarán en disputa se encuentran ministros de la Suprema Corte, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados del Tribunal Electoral, además de múltiples cargos a nivel local.

La elección ha estado marcada por la controversia. Organizaciones civiles y opositores han señalado la distribución de "acordeones" o guías por parte de grupos afines a Morena como un intento por influir en el voto. También han alertado sobre posibles intervenciones del crimen organizado, lo que ha motivado preocupación en organismos internacionales como la ONU.

Las campañas electorales iniciaron el 30 de marzo y concluyen este 28 de mayo, dejando a la ciudadanía un día para reflexionar sobre su voto. La participación masiva que espera Sheinbaum será crucial no solo para la legitimidad del nuevo Poder Judicial, sino también para marcar un precedente en la forma en que México elige a sus autoridades más altas en materia de justicia.