En un acto extremo de represión, el gobierno de Corea del Norte ha ejecutado a un grupo de funcionarios por presuntas negligencias políticas relacionadas con las graves inundaciones que azotaron el país en julio.
Según informes de los servicios de inteligencia surcoreanos, entre 20 y 30 funcionarios habrían sido ejecutados a tiros, tras las advertencias del líder norcoreano, Kim Jong Un, quien prometió severos castigos por los daños causados por el temporal en las provincias de Jagang y Pyongan del Norte.
Las inundaciones obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares, aunque las autoridades norcoreanas no han proporcionado cifras oficiales sobre víctimas mortales. A finales de julio, Kim Jong Un destituyó a su ministro de Seguridad Pública y a varias autoridades regionales, pero los recientes informes indican que las represalias no se limitaron a ceses, sino que incluyeron ejecuciones.
Entre las víctimas de estas ejecuciones, según reportes no confirmados por los medios oficiales de Corea del Norte, estaría Kang Pong Hun, el exlíder del partido único en Jagang. Las ejecuciones fueron supuestamente llevadas a cabo como castigo por la mala gestión de la crisis, en un país donde este tipo de represalias no son inéditas.
Mientras tanto, la situación en las zonas afectadas sigue siendo crítica. Los medios norcoreanos mostraron en su momento a Kim supervisando las áreas inundadas, pero no han informado sobre las ejecuciones, manteniendo el control estricto sobre la narrativa oficial.
La comunidad internacional sigue observando de cerca los desarrollos en Corea del Norte, un país conocido por su opacidad y su uso de la violencia extrema como herramienta de control político.