Crimen organizado y corrupción en los penales: un ciclo constante
La corrupción en el país es ampliamente reconocida y percibida por los ciudadanos como una de las principales problemáticas que enfrentamos como sociedad
Aunque la corrupción ha sido un tema recurrente en los gobiernos de sexenios anteriores, como cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "todos nos íbamos a portar bien" mediante un acuerdo verbal, mencionando que la corrupción sería un delito grave, sin derecho a fianza, no se avanzó significativamente en su erradicación.
Esto se evidencia en que la Fiscalía General de la República no ha logrado sentencias condenatorias en casos emblemáticos de administraciones pasadas, como el escándalo de los sobornos de 10.5 millones de dólares a funcionarios públicos para otorgar contratos a la empresa brasileña Odebrecht entre 2010 y 2014.
La corrupción ha permeado el panorama nacional y se ha establecido como una práctica recurrente en diversas instituciones, especialmente en las públicas. Esta práctica se refiere a la utilización indebida o ilícita de las funciones dentro de estas instituciones para beneficio personal de sus gestores. Según la percepción de los mexicanos, la corrupción está presente en sectores como la policía de tránsito, los partidos políticos, los ministerios públicos y, particularmente, en los centros penitenciarios.
De acuerdo con la Encuesta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad-Reforma 2023, los centros penitenciarios son la segunda institución con mayor percepción de corrupción, y es precisamente en este ámbito en el que nos enfocaremos en esta ocasión
En las prisiones, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) -Un programa financiado por la Unión Europea que busca mejorar la seguridad y la justicia en América Latina apoyando la lucha contra el crimen organizado- ha identificado varios tipos de corrupción. Entre ellos se encuentra la gran corrupción, que permite a los reclusos dirigir empresas criminales desde el interior de la prisión, así como la criminalidad relacionada con el narcotráfico. Además, existen muchas formas de pequeña corrupción que ocurren a diario, como el pago para realizar una llamada telefónica o conseguir una cobija extra.
Las condiciones de los entornos penitenciarios favorecen la proliferación de estos actos corruptos. Según el PAcCTO, "las realidades carcelarias representan lamentablemente uno de los servicios públicos de mayor desinterés por parte de la sociedad civil, y están estrechamente vinculadas con el crimen organizado. Por lo tanto, los sistemas penitenciarios son terrenos donde la cultura de la corrupción encuentra los ingredientes perfectos para su desarrollo."
En ocasiones, los reclusos deben pagar a las autoridades por servicios básicos como comida, agua, medicamentos y contacto con sus familias. También les exigen dinero para evitar torturas y malos tratos, generalmente bajo amenaza
Uno de los principales factores señalados en estudios sobre esta problemática es el bajo salario de los trabajadores en estos centros. Las jornadas laborales son extenuantes, con largos trayectos y turnos de 24 x 48 horas. Los encargados de la seguridad enfrentan constantes riesgos y niveles altos de estrés, lo que provoca un desgaste físico y mental significativo, sin recibir el apoyo adecuado por parte de las autoridades. A esto se suma que algunos internos presuntamente mantienen fuertes vínculos con el crimen organizado, lo que les permite acceder a recursos provenientes del narcotráfico, las armas y otros negocios ilícitos. Esto facilita que los reclusos obtengan ventajas ilegales de los custodios.
El crimen organizado ha superado los esfuerzos de las autoridades para seleccionar, dignificar y capacitar al personal penitenciario, según el estudio de la UNAM titulado "Situación general de las prisiones en la actualidad a nivel nacional". Su poder económico ha logrado corromper casi todos los niveles, ya que algunos directivos asumen sus cargos únicamente con el fin de recibir un salario y beneficios adicionales, llegando incluso a colaborar con el crimen organizado, ya sea por conveniencia o por temor a represalias.
En Puebla, por ejemplo, la redacción de Meganoticias recibió una denuncia anónima que señala al titular del Centro de Reinserción Social de San Miguel por presuntamente exigir pagos a los internos a cambio de garantizar su tranquilidad y la oportunidad de trabajar dentro del penal. Según la denuncia, los reclusos habrían sido amenazados con la frase: "No es cuestión de querer, es que le van a tener que entrar".
La delincuencia organizada usa dos formas para corromper a los funcionarios de prisiones: la manipulación, que implica amenazas o intimidación para aprovecharse del personal, y la infiltración, cuando los funcionarios trabajan directamente para las organizaciones delictivas infiltrándose en el servicio público
La influencia del crimen organizado contribuye al fenómeno del autogobierno dentro de las prisiones, donde los internos realizan actividades que deberían corresponder a las autoridades, incluyendo la administración, el servicio médico y la vigilancia. Esto se presta a abusos y violaciones, ya que los internos pueden manejar llaves de áreas de seguridad y organizar diversas actividades, incluyendo la explotación sexual.
El análisis de la UNAM señala que las prisiones, bajo la influencia del crimen organizado, no educan sino que "antieducan" y perfeccionan a los individuos en el delito. El crimen organizado ha logrado captar incluso a niños para convertirlos en sicarios y torturadores. La sobrepoblación y la falta de personal especializado dificultan cualquier intento de educación integral que pueda disuadir a los internos de continuar en el camino del delito.
La presencia y el poder del crimen organizado contribuyen a la falta de seguridad dentro de los reclusorios, propiciando motines, riñas, homicidios, violaciones, resistencias organizadas, suicidios y evasiones
Muchas de las extorsiones telefónicas que afectan a la ciudadanía actualmente provienen de las cárceles, un fenómeno que ocurre, en gran medida, debido al "permiso otorgado mediante dinero" para que los internos posean dispositivos electrónicos como celulares, televisores, computadoras y DVDs, entre otros.
Este acceso a la tecnología facilita las actividades ilícitas, como las extorsiones, que se llevan a cabo desde dentro de los penales. La Organización Comunitaria por la Paz destacó cómo los reclusos, conocidos como "borregas", actúan como mensajeros para introducir estos teléfonos dentro de los centros penitenciarios, utilizando los dispositivos para hacer llamadas extorsivas. En estas llamadas, simulan secuestros y exigen dinero a cambio de la liberación de las víctimas, repitiendo este modus operandi durante todo el día con la certeza de que muchos de sus intentos serán exitosos.
El exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Gustavo Rosas, estimó que en las prisiones se realizan alrededor de 10,000 llamadas diarias, de las cuales muchas están relacionadas con extorsiones. Incluso, aseguró que existen auténticos "call centers" dentro de los reclusorios, que operan con total impunidad
En 2023, la tasa de incidencia delictiva por extorsión se estimó en 5,213 delitos por cada 100,000 habitantes, a pesar de los esfuerzos previos para frenar esta actividad. En 2010, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario acordó la instalación de bloqueadores de señal en 78 de los 429 penales que existían en el país en ese momento. Sin embargo, la práctica de extorsiones y secuestros virtuales continuó, especialmente en centros penitenciarios ubicados en Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y el Estado de México.
Dentro de las cárceles, los internos se ven obligados a trabajar para el crimen organizado para sobrevivir, ya que las opciones de trabajo legal y remunerado son extremadamente limitadas. En este contexto, algunos reclusos realizan tareas como cocinar o limpiar para aquellos que pueden pagarles, mientras que otros se convierten en "mulas", llevando recados, celulares o drogas a cambio de pequeñas recompensas. Incluso, algunos continúan delinquiendo desde la cárcel, un lugar que, en teoría, debería ser el más controlado por el Estado.
El poder es tal, que incluso,según la UNAM y diversos medios de comunicación, la directora de la prisión de Gómez Palacio, Durango, quien fue reconocida como "mujer del año" al asumir su cargo, permitió que los narcotraficantes usaran armas y vehículos del penal para eliminar a sus enemigos durante la noche
La corrupción en las prisiones ha quedado expuesta en diversas ocasiones, especialmente durante operativos de revisión. Un claro ejemplo de ello ocurrió en febrero de 2024, cuando en el Centro Penitenciario de Aguarato, en Culiacán, agentes estatales y federales descubrieron un módem y una antena del sistema Starlink, junto con varios objetos prohibidos. Entre los hallazgos se encontraron tres botellas de bebidas alcohólicas, diez cuchillos, un machete, una navaja, tres desarmadores y dos martillos. Sin embargo, este tipo de descubrimientos no son recientes. Hace poco más de una década, en la cárcel de Acapulco, se encontraron 19 prostitutas, 100 gallos de pelea, dos pavos reales, drogas, armas de fuego y televisores, lo que evidencia la persistente y alarmante situación de corrupción en el sistema penitenciario.
La gestión de redes de tráficos de drogas en donde los líderes del crimen organizado pueden coordinar la distribución de drogas tanto dentro de las prisiones como en el exterior, utilizando redes de asociados así como el reclutamiento de nuevos miembros, en las que las cárceles actúan como centros de reclutamiento, especialmente para internos vulnerables y la planificación de actividades criminales como secuestros, robos y asesinatos, utilizando comunicaciones con el exterior, son solo algunos de los "trabajos" que realiza el crimen organizado gracias a la corrupción.
El PAcCTO recomienda establecer una carrera penitenciaria con criterios claros de contratación y promoción. La falta de este sistema puede reducir el compromiso del personal y aumentar la rotación, debilitando la estabilidad y calidad del sistema penitenciario, además de generar vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por el crimen organizado