México vuelve a estar en los reflectores internacionales, pero por una de sus heridas más profundas: la desaparición de personas. El hallazgo de restos en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, obligó al gobierno a admitir lo que por años intentó borrar de la agenda: que vivimos una crisis humanitaria.
Se están encontrando varias fosas, crematorios, la localización de varios huesos es el Rancho Izaguirre, que pone a México otra vez en los reflectores por la desaparición de personas y que obligó al gobierno a admitir una crisis que intentó desaparecer de la agenda.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada.
Los números son terribles: con Calderón, en promedio, cada día se reportaron 7 desaparecidos, con Peña Nieto el número subió a 15, con López Obrador llegó a 24 y con Sheinbaum se disparó a 44.
Se trata de un problema histórico. Desde 1952 se han hecho más de 354 mil reportes, el 64 por ciento de las personas fueron localizadas; el resto, más de 126 mil, no han sido encontradas.
Esta cifra se divide en más de 10 mil no localizados, personas cuya ubicación se desconoce, pero su ausencia no se relaciona con delitos y más de 115 mil desaparecidos, de quienes se desconoce su paradero, pero se presume que su ausencia se relaciona con delitos.
Héctor Cerezo, defensor de derechos humanos dijo que son personas que se las llevaron, puede ser delincuencia organizada, delincuencia no organizada.
En 2018 se promulgó la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, en la primera hay participación del gobierno y en la segunda no. También se creó el sistema de búsqueda y el registro de desaparecidos.
López Obrador descalificó este sistema, ordenó un conteo distinto y afirmó haber encontrado a más de 20 mil desaparecidos. Expertos afirman que no siguió estándares internacionales y no hay evidencia de las localizaciones.
Ante el hallazgo de Teuchitlán, la presidenta anunció seis acciones inmediatas, como el fortalecimiento de la Comisión de búsqueda, el registro de población con datos biométricos, búsqueda inmediata e instituciones de identificación humana.
Pero expertos afirman que el problema de fondo es el empoderamiento de los Cárteles y la impunidad, fenómenos que no han sido frenados y que han dejado 72 mil cadáveres sin identificar y más de 126 mil desaparecidos.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de la Sección mexicana asegura que el estado mexicano no solo no logra detener la desaparición de personas. El estado no busca a las personas, son las propias familias las que continúan haciendo las labores.
Con información de Abel Martínez