Delegación Coyoacán asegura que actuó legalmente en elección
La Delegación Coyoacán sostuvo hoy que sus acciones han sido absolutamente legales, apegadas estrictamente a las leyes, normas y acuerdos emitidos por las autoridades competentes y que nada tienen que ver con el proceso electoral que concluyó el pasado 1 de julio.
En ese sentido, dijo que si bien respeta la decisión de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, de anular la elección de la alcaldía de Coyoacán, en esta ocasión, dicha resolución, "en cuanto a los programas sociales de la Delegación Coyoacán, no está sustentada en derecho".
Estableció en un comunicado que todas y cada una de las actuaciones de la demarcación se realizaron, y realizan, en estricto cumplimiento a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que toda la administración pública debe observar.
Además de que los programas y acciones de la autoridad delegacional tienen su fundamento legal en la Constitución Política, la constitución local, las normas administrativas y electorales, así como de las disposiciones complementarias que emitieron el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el mismo Instituto Electoral de la Ciudad de México.
"Somos respetuosos de las resoluciones de las instituciones democráticas del país, siempre y cuando estén apegadas a derecho. Reiteramos lo que en múltiples ocasiones señalamos, la Delegación Coyoacán rige su actividad apegada estrictamente a las leyes, normas y acuerdos emitidos por las autoridades competentes", reiteró.
Aseveró que existe un claro interés de involucrar a este órgano político administrativo en un proceso del cual fue total y absolutamente ajeno. "Ante esa medida expresamos, una vez más, que esta autoridad delegacional hasta el último día de su gestión seguirá siendo garante de imparcialidad y neutralidad".
Finalmente, subrayó que en el pasado proceso electoral, se acató el criterio establecido por propio Instituto Electoral de la Ciudad de México que señalaba como prioridad para el gobierno capitalino "continuar con la ejecución de los programas sociales para respetar los derechos humanos de las personas beneficiadas con ellos, al mismo tiempo tiene el deber de respetar las normas constitucionales y legales para cumplir con los principios de la función electoral".
