Denuncia: Fiscalía entrega restos humanos equivocados a familias
Durante varios años, los familiares de las víctimas vivieron un calvario buscando por su cuenta los restos de sus familiares. En marzo del 2017, ya en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, la Fiscalía General del Estado (FGE) notificó que los restos óseos de ambos jóvenes habían sido encontrados en el cementerio clandestino de Arbolillo, en Alvarado Veracruz, en una zona cercana a la playa y a un sistema lagunar donde han sido exhumados más de 246 cuerpos.
"Los cráneos que nos dieron sí pertenecen a mi hijo y a mi sobrino, pero los esqueletos no. Se nos hace algo aberrante y monstruoso", denunció Marcos Josafat Grajeda, padre y tío de los jóvenes Baruch Grajeda García y Francisco Javier Vargas, desaparecidos desde 2016.
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— @MeganoticiasTVC (@MeganoticiasTVC) April 28, 2021
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Hoy el padre de Baruch Grajeda, mencionó que en la administración de Jorge Winckler (fiscal propuesto por Yunes Linares) se hizo una mala integración de la carpeta de investigación, se incurrió en omisiones, hubo desaparición de evidencias y otras irregularidades. Y de las cuales la actual fiscal, Verónica Hernández Giadáns, ya no se quiere hacer responsable.
Los jóvenes tenían 20 y 27 años, cuando fueron "levantados" de su domicilio el 11 de julio del año 2016. La entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz abrió la carpeta de investigación UIPJ/DJ-XVII/F1/872/2016, durante el gobierno de Javier Duarte.
"En 2017, Winckler quería darnos los cuerpos, no aceptamos porque había muchas irregularidades, dijo el señor Grajeda Hernández. "Este caso es el que anunció el fiscal en el inicio de su administración, que habían sido encontrados unos restos en Arbolillo de una familia de Querétaro; al igual que los restos de Baruch, todo eso lo dijo porque se encontraron credenciales, pero no hubo un análisis genético".
Fue el 13 de marzo de 2017 cuando el exfiscal Winckler (hoy prófugo de la justicia) le informó que los restos de sus familiares habían sido encontrados en las fosas clandestinas de la localidad de Arbolillo.
La familia de los jóvenes exigen que Winckler Ortiz y los funcionarios de la Fiscalía que participaron en esto sean sancionados.
Con información de Proceso
