Al menos 100 policías y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército desalojaron el domingo a 381 migrantes, en su mayoría centroamericanos que vivían en campamentos improvisados desde hace casi un año en la entrada de un cruce fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y Estados Unidos.
Los indocumentados habían colocado carpas cubiertas con bolsas y lonas, en los alrededores de la garita "El Chaparral" en Tijuana, estado de Baja California, todo esto fue derribo con excavadoras y camiones mientras que los habitantes cargaban en bolsas y maletas sus escasos enseres, ropa y juguetes, para ser trasladados a tres albergues de la localidad.
"Fue una reubicación que se tenía que llevar a cabo una discreción para evitar algún colapso", dijo al respecto la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. También mencionó que las familias se encontraban en una situación de "inseguridad" especialmente por razones de salubridad.
En el lugar habían 86 núcleos familiares, 24 madres solteras con hijos, 33 hombres y tres personas de la comunidad LGBT, todos fueron trasladados a albergues.
La alcaldesa descartó que la decisión de desarmar el campamento respondiera a una presión de Estados Unidos. "Ustedes saben que la autoridad tijuanense se rige por sus propias normas jurídicas", mencionó.
"Es inhumano porque lo hicieron en la madrugada y los niños están dormidos", dijo una migrante.
Denuncian que fueron tratados cono delincuentes.
El campamento de "El Chaparral" comenzó a formarse a finales de enero de 2021, luego de la llegada al gobierno del presidente Joe Biden y que las autoridades estadounidenses comenzarán a contener el flujo de extranjeros en cumplimiento de las políticas que obligan a los migrantes a esperar en México sus audiencias en cortes de inmigración y por las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus.
Activistas y organizaciones humanitarias habían expresado su preocupación por la situación en la que vivían los cientos de migrantes, muchos de ellos niños, en el improvisado campamento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México exhortó el año pasado a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes del campamento de "El Chaparral" y privilegiar las acciones de seguridad y protección a dicho grupo.