Desaparición de policías en Zitácuaro: Justicia aún pendiente
El caso de los siete policías federales desaparecidos el 16 de noviembre de 2009 en Zitácuaro, Michoacán, es un episodio que sigue marcando la lucha de sus familias por justicia
Durante el contexto de la llamada "guerra contra el narcotráfico", estos agentes fueron enviados a una misión en condiciones que sus allegados califican de inseguras y negligentes, destacando la responsabilidad de altos mandos en la tragedia, incluidos el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ahora condenado por corrupción y nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.
Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel León, uno de los desaparecidos, ha liderado la exigencia de justicia. En conferencia de prensa señaló que, aunque se han detenido miembros de la delincuencia organizada vinculados al caso, no se ha procesado a quienes tomaron decisiones críticas que pusieron en riesgo a los agentes.
Según Rodríguez, los policías fueron enviados sin protección a una zona peligrosa, y previamente su comandante inmediato, Raymundo Hernández Guzmán, los habría amenazado, advirtiéndoles que, de no llegar a su destino, sus familias no recibirían ni seguro de vida
El caso está rodeado de acusaciones que apuntan a la permisividad y la corrupción dentro de las instituciones de seguridad en ese periodo. Genaro García Luna, quien encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública, es señalado por las familias como uno de los principales responsables. Años después, García Luna fue detenido en 2019 y sentenciado en 2024 a 38 años de prisión por aceptar sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa, lo que habría permitido la expansión del crimen organizado mientras ocupaba un puesto clave en el gobierno de Felipe Calderón.
Uno de los hechos más controversiales dentro de este caso es la designación de Juan Carlos Ruiz Valencia, otra de las víctimas, como director de seguridad en Ciudad Hidalgo. Según los testimonios de las familias, fue trasladado a esta localidad en helicóptero por órdenes de García Luna, pero abandonado a su suerte, obligándolo a regresar solo en autobús a medianoche días antes de su desaparición.
El abogado Víctor Del Pozo, de Justicia Transicional MX, sostiene que el Estado mexicano no solo ha fallado en investigar a los responsables, sino también en cumplir con medidas de reparación, como la creación de un memorial o una disculpa pública
Actualmente, las madres de los desaparecidos, como Araceli Rodríguez, continúan reclamando justicia, enfrentando no solo al sistema, sino también al estigma que acompaña a los agentes de seguridad desaparecidos. Según Rodríguez, su lucha ha sido doble: dignificar a su hijo y exponer la corrupción que permeó las instituciones de seguridad pública durante ese periodo histórico.