Desplazados indígenas en Chiapas exigen al Gobierno regresar a casa

Un centenar de familias indígenas tzotziles y tzeltales que fueron víctimas de desplazamiento forzado hace siete años, se manifestaron este miércoles en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para exigir al Gobierno federal y estatal que cumplan con las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde 2017.

Los manifestantes, hombres y mujeres, piden un retorno seguro a sus comunidades, apoyos en vivienda, restitución de tierras y reparación del daño, además de castigo a funcionarios corruptos.

Miguel López Girón, de la etnia tzeltal y desplazado de la comunidad Banavil, expresó su frustración ante la falta de respuesta por parte del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Rutilio Escandón. "Llevamos siete años con esta recomendación, el gobernador no ha cumplido. Él ya se va el 1 de octubre, pero queremos que antes de irse cumpla con lo que se prometió", declaró López Girón.

Los manifestantes, que se reunieron en la plaza de La Resistencia en San Cristóbal de Las Casas, señalaron que han pasado casi una década viviendo en condiciones precarias sin ser reconocidos como víctimas. A pesar de las recomendaciones urgentes, no se ha atendido por completo su situación. Con pancartas que decían "Exigimos justicia y reparación de daños" y "Nos expulsaron de nuestras tierras el 10 de abril de 2018", los desplazados expresaron su desesperación y exigieron una solución inmediata.

Entre los afectados se encuentra Agustín Muñoz Gómez, quien, junto con 26 familias tzotziles, fue desterrado de la ranchería El Potrero. Muñoz explicó que fueron estafados por personas con poder en una comunidad agraria que les vendieron terrenos de forma fraudulenta. A pesar de la intervención de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, el proceso estuvo lleno de irregularidades, incluyendo el endoso de cheques que nunca se les entregaron.

Muñoz también pidió la búsqueda de su padre, Alonso López Luna, y la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes. "Queremos que nos reubiquen o que nos den la reparación del daño para poder rehacer nuestras vidas y volver a sembrar", dijo, destacando la importancia de la tierra para su comunidad.

Organizaciones locales e internacionales han estimado que entre 16,000 y 21,000 personas han sido desplazadas en Chiapas en los últimos años, principalmente por conflictos agrarios. El desplazamiento forzado es una problemática creciente en el estado, donde la violencia y las violaciones de derechos humanos obligan a miles de familias a abandonar sus hogares.

Los manifestantes exigieron al gobierno que atienda sus demandas de manera urgente, ya que su situación ha sido ignorada durante demasiado tiempo, afectando gravemente su forma de vida y su bienestar.

Con información de EFE.