Diputados rechazan desafuero de Cuauhtémoc Blanco
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados decidió el 20 de marzo de 2025 desechar la solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, quien enfrentaba acusaciones por un presunto intento de violación contra su media hermana en 2023
La resolución, adoptada con tres votos a favor y uno en contra, mantiene la inmunidad parlamentaria del legislador, aunque deja abierta la posibilidad de reactivar el proceso si se presentan pruebas adicionales.
El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores Cervantes, señaló que la Fiscalía de Morelos no cumplió con los protocolos legales necesarios en la investigación. Según el dictamen, la carpeta presentada por la fiscalía únicamente incluía la declaración de la víctima y dos pericias psicológicas contradictorias, sin entrevistas a testigos, inspecciones oculares ni pruebas complementarias.
Flores acusó a la fiscalía de "obstrucción de la justicia", argumentando que favoreció al exfutbolista y perjudicó a la denunciante
El expediente será revisado por el pleno de la Cámara en los próximos días. Si el rechazo es ratificado, el caso quedará archivado. Sin embargo, Flores advirtió que una nueva solicitud podría ser presentada si se realiza una investigación más sólida por parte de las autoridades.
La decisión generó indignación entre diputadas de Morena y del PAN, quienes calificaron el fallo como un "encubrimiento" basado en "tecnicismos baratos". Por otro lado, Cuauhtémoc Blanco atribuyó la denuncia a una presunta extorsión por parte del exfiscal Uriel Carmona, quien fue destituido poco antes de presentar las acusaciones en su contra.
El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, se mantuvo neutral. Sin embargo, Blanco enfrenta al menos diez investigaciones por posibles irregularidades como gobernador de Morelos
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, instó en días anteriores tanto a Cuauhtémoc Blanco como a Alejandro Moreno (?Alito?) a renunciar voluntariamente a su fuero procesal. Según Ramírez Cuéllar, esta acción sería un paso hacia el fortalecimiento de la justicia y evitaría prolongar los procesos formales de desafuero. Además, sugirió que los legisladores en situaciones similares deberían facilitar los procedimientos acudiendo directamente ante el Ministerio Público en lugar de solicitar licencia.