El asilo en EE.UU. en 2025: ¿Dónde está la justicia?
Amnistía Internacional ha emitido un contundente informe que determina que el derecho al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México es prácticamente inexistente, lo que constituye una violación grave de las obligaciones de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional
Este documento, titulado "Vidas en el limbo: Las devastadoras consecuencias de las políticas de Trump sobre migración y asilo", se basa en entrevistas realizadas a migrantes y solicitantes de asilo entre el 3 y el 9 de febrero de 2025, revelando un panorama alarmante para aquellos que buscan refugio.
La investigación destaca cómo las políticas implementadas durante la administración de Donald Trump han desmantelado prácticamente el derecho al asilo, eliminando cualquier vía legal para que los migrantes puedan solicitar protección. Según la legislación estadounidense, los solicitantes deben estar físicamente en el país para poder pedir asilo, lo que ha dejado a muchos atrapados en México sin opciones viables.
Esta situación se ha visto agravada por la militarización creciente de la frontera por parte del gobierno mexicano, que ha desplegado alrededor de 10,000 soldados, generando un ambiente de miedo y represión
Uno de los aspectos más críticos del informe es la abolición del uso obligatorio de la aplicación CBP One para solicitar asilo. Aunque su implementación fue considerada ilegal, su eliminación ha dejado a decenas de miles de personas en un estado de vulnerabilidad extrema. Muchos se encuentran en condiciones precarias y peligrosas, sin acceso a recursos básicos ni a la posibilidad de buscar seguridad. Entre ellos hay numerosos menores no acompañados, quienes enfrentan situaciones desesperadas sin un camino claro hacia la protección.
Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional en Estados Unidos, ha denunciado que la frontera se ha convertido en un espacio hostil hacia los derechos humanos. La falta de acceso al asilo no solo afecta a los migrantes, sino también a las organizaciones humanitarias que intentan brindar apoyo. Estas entidades se enfrentan a represalias y criminalización por parte del gobierno estadounidense mientras luchan por evitar una crisis humanitaria aún más profunda.
El informe también subraya cómo las políticas migratorias actuales han desmantelado programas clave como el Programa de Admisión de Refugiados, además de socavar derechos constitucionales fundamentales
Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional, ha expresado su preocupación por el impacto en los niños migrantes. Muchos enfrentan decisiones imposibles: regresar a lugares donde su vida corre peligro o arriesgarse a caer en manos de traficantes. Esta angustiante realidad pone de manifiesto la urgencia del problema y la necesidad de respuestas efectivas por parte del gobierno estadounidense.
La situación es particularmente crítica para los migrantes mexicanos, quienes huyen no solo del crimen organizado sino también de la violencia estatal. Mónica Oehler Toca, otra investigadora involucrada en el estudio, enfatiza que estas personas carecen ahora de medios para solicitar protección internacional debido a las políticas restrictivas impuestas en la frontera.
Amnistía Internacional continúa instando al gobierno estadounidense a adoptar medidas que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos
Del mismo modo hicieron un llamado al gobierno mexicano para que cese su colaboración con estas políticas dañinas y tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad y protección de los solicitantes de asilo que transitan por su territorio.