Empresas petroleras usan demandas para silenciar activistas, alerta Greenpeace

Un jurado del condado Morton, integrado por nueve personas, ha emitido un veredicto en la demanda interpuesta por Energy Transfer (ET), declarando responsables a dos entidades de Greenpeace Estados Unidos (Greenpeace Inc, Greenpeace Fund) y a Greenpeace Internacional (GPI) por más de 660 millones de dólares

ET acusó a Greenpeace de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra el oleoducto Dakota Access, lo que, según la empresa, retrasó el proyecto y aumentó sus costos. La compañía, con sede en Dallas, reclamaba 300 millones de dólares, una cifra que la organización ecologista advierte podría amenazar su existencia.

Mads Christensen, Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional, ha expresado que este caso representa un regreso a prácticas temerarias que han exacerbado la crisis climática y profundizado el racismo ambiental, poniendo las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y un planeta habitable

Sushma Raman, Directora Ejecutiva Interina de Greenpeace Inc y Greenpeace Fund, ha señalado que este caso debería alarmar a todos, independientemente de sus inclinaciones políticas. Considera que es parte de un nuevo esfuerzo por parte de las corporaciones para utilizar el sistema judicial para silenciar el disenso.

Este fallo se considera un intento por parte de las grandes corporaciones petroleras para silenciar la libre expresión y la protesta pacífica, pero Greenpeace asegura que la lucha contra esta demanda no ha terminado

Raman enfatizó que demandas como esta amenazan los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión, fundamentales para cualquier esfuerzo que busque asegurar la justicia. Aunque las grandes corporaciones pueden intentar detener a un grupo, no podrán detener un movimiento.

Las demandas de Energy Transfer son vistas como ejemplos claros de SLAPPs (Litigios estratégicos contra la participación pública), que buscan agobiar a organizaciones sin ánimo de lucro y activistas con costos legales exorbitantes, empujarlos hacia la bancarrota y, en última instancia, silenciar el disenso.

Otras petroleras como Shell, Total y ENI también han demandado a Greenpeace en años recientes, pero algunos casos fueron frenados. En 2024, Greenpeace Francia ganó contra TotalEnergies, y Greenpeace UK e Internacional lograron que Shell retirara su demanda

Kristin Casper, Consejera General de Greenpeace Internacional, ha anunciado que la organización no se rendirá. Han iniciado una demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica, y se enfrentarán a Energy Transfer en una corte en los Países Bajos en julio próximo.

Greenpeace Internacional también ha presentado una demanda en una corte neerlandesa en febrero de 2024, como una prueba inicial de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea, buscando recuperar todos los daños y costos sufridos debido a las demandas de Energy Transfer.