El secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, aseguró este lunes que el rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde presuntamente desaparecieron varias personas, era un "centro de adiestramiento" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sin embargo, negó que se tratara de un "campo de exterminio", como lo denunciaron colectivos de buscadores. La declaración se dio en respuesta a los hallazgos en el Rancho Izaguirre, donde se encontraron 400 pares de zapatos y ropa que, según los activistas, pertenecían a personas desaparecidas.
García Harfuch explicó que el rancho y otros puntos asegurados eran utilizados por el CJNG para entrenar a nuevos reclutas, pero destacó que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha confirmado la presencia de restos humanos en el lugar. A pesar de la controversia, el funcionario reafirmó que las investigaciones continuarán y que el gobierno está comprometido con esclarecer los hechos.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a dar a conocer todos los detalles sobre el Rancho Izaguirre, asegurando que no se tratará de "una verdad construida por alguien", sino de la verdad real sobre lo sucedido. Sheinbaum también enfatizó que la Fiscalía del Estado de Jalisco tiene el predio bajo su custodia y es la responsable de la investigación.
Este hallazgo ha reavivado el debate sobre la creciente crisis de desapariciones en México, que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, acumula más de 120,000 casos. La presidenta Sheinbaum, consciente de la gravedad de la situación, anunció nuevas reformas para enfrentar este problema y mejorar la eficiencia en la búsqueda de personas desaparecidas.
En su conferencia matutina, Sheinbaum presentó la creación de una Plataforma Única de Identidad, que permitirá localizar a las personas utilizando su Clave Única de Registro de Población (CURP). Además, se implementará una Base Nacional de Carpetas de Investigación, que se conectará con las fiscalías estatales y federales, así como con el Banco Nacional de Datos Forenses, para dar un mejor seguimiento a los casos.
Otra de las reformas más relevantes es la creación de un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que permitirá iniciar las búsquedas de manera inmediata.
Además, las reformas permitirán que las fiscalías accedan a información de otros organismos públicos y privados, como el Instituto Nacional Electoral (INE), para agilizar la búsqueda de personas, siempre respetando la ley de protección de datos personales. Esto facilitará la localización de las víctimas de manera más rápida y eficiente.