Greenpeace México apoyó la defensa ciudadana en Bacalar después de que un juez suspendiera temporalmente, el 22 de abril, las obras que la Sedena realiza en la zona federal de la Laguna de Bacalar
El proyecto, iniciado en enero de 2025, ha sido objeto de críticas por no contar con los permisos ambientales requeridos, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni por haber consultado a la comunidad local.
La obra implica trabajos de relleno y dragado con maquinaria pesada, actividades que podrían causar daños irreversibles a la laguna, conocida como la Laguna de los Siete Colores, un espacio de gran valor ecológico y cultural.
Greenpeace México, junto con colectivos como Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para exigir la suspensión inmediata de los trabajos.
La organización ambientalista ha señalado que ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni Profepa han actuado con la urgencia necesaria para frenar el impacto ambiental que la construcción está generando
La obra se localiza en un predio sobre la Avenida 1, junto al muelle y la zona federal de la laguna, frente al Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico de la región.
Expertos han alertado que el relleno y dragado alteran la morfología natural de la laguna, dispersan materiales que afectan la biodiversidad acuática y generan vibraciones que podrían dañar el fuerte.
La Sedena ha argumentado que su construcción está exenta de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental, mientras que la Semarnat sostiene que la intervención no genera desequilibrio ecológico, aunque no ha presentado pruebas que respalden estas afirmaciones.
La comunidad de Bacalar y activistas han realizado protestas pacíficas para detener la obra, denunciando que la barda levantada cerca de la laguna obstruye la vista y que las actividades de relleno han compactado cerca de tres mil metros cuadrados de la orilla, causando daños irreparables, según informó la asociación
Hicieron del conocimiento público que, Sandro Ciccarelli, empresario italiano y residente de Bacalar, ha sido uno de los voceros en la defensa del ecosistema y anunció que se interpondrán amparos y se enviarán cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, para exigir transparencia y la suspensión definitiva de los trabajos.
