Greenpeace vs. Sheinbaum: la batalla por el futuro energético

Greenpeace, junto con diversas organizaciones y comunidades, emitió un comunicado de prensa en el que expresa su profunda inquietud ante los planes energéticos del gobierno federal mexicano

Según el documento, la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, parece priorizar proyectos basados en gas fósil, también conocido como gas natural, lo que pone en entredicho los compromisos de una transición energética justa orientada a garantizar la seguridad energética y enfrentar la emergencia climática en el país.

El comunicado destaca que el gas fósil, compuesto principalmente por metano, tiene un poder de calentamiento global hasta 80 veces superior al del dióxido de carbono. Este dato resulta alarmante, ya que México depende en un 60% de este combustible para generar electricidad, y el 90% del gas utilizado en el sector eléctrico proviene de Estados Unidos. Las organizaciones advierten que aumentar esta dependencia, mediante la construcción de nueva infraestructura como las 19 plantas termoeléctricas en planeación o desarrollo, no solo agrava la vulnerabilidad energética frente a las políticas hostiles del nuevo gobierno estadounidense, sino que también intensifica los daños ambientales y a la salud de las comunidades cercanas a estos proyectos.

 En lugares como El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, los habitantes ya han manifestado su rechazo a las termoeléctricas por la contaminación del aire y del Río Santiago

Otro punto crítico señalado por Greenpeace es la expansión de terminales de gas natural licuado (GNL) en las costas mexicanas, impulsada por la iniciativa privada para exportar gas desde Texas hacia Europa y Asia. Proyectos como el Saguaro, en el Golfo de California, junto con otros en Topolobampo y Guaymas, generarían emisiones equivalentes a las de países como Suecia y Portugal combinados. Estas instalaciones, además de ser altamente contaminantes- con un estimado de 60 muertes anuales en Estados Unidos por la polución que producen-, amenazan ecosistemas marinos, incluyendo a 31 especies de cetáceos, y afectan economías locales basadas en la pesca y el turismo.

El texto también pone énfasis en los gasoductos asociados a estas iniciativas, como el Puerta al Sureste en Veracruz, a cargo de la empresa canadiense TC Energy. Este proyecto submarino pone en riesgo el sistema arrecifal veracruzano y ha desatado la oposición de comunidades pesqueras y campesinas.

En total, se proyectan 4,623 kilómetros de nuevos gasoductos en México, con un alto costo ambiental, social y económico para las regiones atravesadas

Asimismo, el comunicado subraya que el gas importado de Estados Unidos se obtiene mediante el fracking, una técnica que consume más de 19 millones de litros de agua por pozo y que el gobierno mexicano prometió prohibir en el sexenio anterior. Las organizaciones exigen retomar este compromiso, argumentando que su aplicación en estados como Veracruz, Puebla o Coahuila agravaría la escasez hídrica y convertiría a esas zonas en áreas de sacrificio, al igual que ocurre en Texas o Luisiana.

Por último, Greenpeace y las comunidades firmantes proponen un modelo alternativo de transición energética basado en fuentes renovables y generación distribuida, rechazando el gas fósil como una extensión de la era de los combustibles fósiles que ha desencadenado la crisis climática.

Hacen un llamado a la presidenta Sheinbaum, destacando su trayectoria como científica climática, para que lidere un cambio hacia políticas que prioricen la sostenibilidad y eviten el colapso ambiental, posicionando a México como referente en la lucha global contra el cambio climático