Hijos e hijas, las otras víctimas del feminicidio
En la Laguna, el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas directas e indirectas de feminicidio presenta serias deficiencias y disparidades. Mientras que en Coahuila se ofrece una atención limitada a los hijos e hijas de las víctimas, en Durango, no existen apoyos o asistencia, lo que los deja en desamparo.
Este es el caso de las dos hijas de María Fernanda, quien fuera encontrada sin vida el 17 de enero de 2022, en el canal Sacramento, en Gómez Palacio.
"Dicen que Gómez no tiene dinero y Torreón si tiene, pero como no pasó aquí en Torreón, pero mija es de Torreón y las niñas son de Torreón, las niñas tienen que tener derecho igual que todos a lo mismo, ellas hubieran querido que estuviera su mamá, no estar pidiendo despensas ni estar pidiendo dinero", Claudia Rodríguez, mamá de María Fernanda, víctima de feminicidio.
Además de lidiar con la dolorosa pérdida de su hija, Claudia asumió el cuidado y manutención de sus dos nietas por lo que pasó de tener dos a cuatro hijos. A casi tres años de la tragedia no tiene apoyo gubernamental.
"Yo la vez pasada estuve enferma y me quedé pensando: mis niñas están desprotegidas, el día que yo falte ¿qué van a hacer? el gobierno no las está reconociendo como víctimas, porque ellas son víctimas también".
Dice que, en campaña, el ahora gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, prometió integrar a sus nietas al padrón de hijas e hijos de víctimas de feminicidio. Sin embargo no ha cumplido. Incluso, el autoproclamado "gobernador de las mujeres" ni siquiera le ha dado audiencia al colectivo Madres Poderosas, conformado por las mamás de las víctimas.
"Se comprometió con nosotras que nos iba a apoyar en lo que fuera necesario y aquí nosotros ahorita necesitamos más que nada un decreto que nos indique que es lo que nos está apoyando para nuestros niños", dijo Cristela Soto, mamá de Daisy, víctima de feminicidio.
"Queremos esa reunión más que nada y que se lleve a cabo la reparación de daños integral que hasta ahorita no han podido solventar", agregó Rosa María Rocha, mamá de Dana Milagros, víctima de feminicidio.
En Coahuila, el gobierno ofrece apoyo económico y alimenticio, aunque solo a una parte de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Los colectivos dicen que les pidieron no integrar a más menores, como si se tratara de una dádiva y no de una responsabilidad del Estado de reparar el daño causado por su incapacidad para evitar el asesinato de las mujeres.
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Migración interna y violencia: el desplazamiento forzado en México
La migración interna en México es un fenómeno que, si bien ha existido históricamente, ha adquirido una dimensión más compleja y trágica en los últimos años
Mientras que tradicionalmente las personas se han desplazado dentro del país por razones como la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o para mejorar sus condiciones de vida, hoy en día existe una migración forzosa impulsada por factores más sombríos: la violencia del crimen organizado y la inseguridad. Para miles de mexicanos, mudarse de su hogar ya no es una opción por el deseo de un futuro mejor, sino una cuestión de supervivencia.
María Guadalupe Estrada Arenas, una víctima del desplazamiento causado por los cárteles, relató su experiencia en una entrevista con Meganoticias: "Está muy pesado en cuestión de delincuencia, el famoso cobro de piso, entonces prácticamente yo estoy huyendo de eso porque estamos siendo perseguidos". Su testimonio refleja el sufrimiento de cientos de miles de personas que huyen del control y la violencia de grupos criminales, que imponen su dominio sobre las comunidades a través de extorsiones, secuestros y amenazas.
De acuerdo con un informe realizado por el colectivo Frontera Sur, junto con varias organizaciones civiles, la situación en muchas regiones de México ha alcanzado niveles alarmantes
Además de las disputas territoriales entre organizaciones criminales, estos grupos han tomado el control de las actividades económicas, las instituciones sociales e incluso de los gobiernos locales. Este dominio ha provocado una crisis de derechos humanos que obliga a las familias a abandonar sus hogares, desplazándose hacia zonas más seguras, pero a menudo no mejores.
En municipios como Las Palmas Altas, en Zacatecas, los habitantes viven bajo un miedo constante, ya que las bandas criminales campan a sus anchas. Un habitante de la zona relató a este medio: "No se puede salir porque tiene uno miedo porque andaban muchos hombres armados, y se llevaron gente? unos resultaron muertos, los encontraron en los forenses y otros andan desaparecidos todavía". Estas palabras reflejan el panorama de terror que viven las comunidades donde la presencia de los grupos armados se ha vuelto una constante.
En 2022, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró 9,602 desplazados internos debido a 25 episodios en siete estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, afectando a 21 municipios y 33 localidades
Chiapas ha sido uno de los estados más afectados por la violencia del crimen organizado. En junio de 2024, el delegado de Protección Civil en Tila, Chiapas, reportó que más de 4,000 indígenas choles fueron desplazados debido a la violencia. Este éxodo masivo ha impactado profundamente a las comunidades indígenas, que, además de enfrentar las dificultades propias de la pobreza y la marginación, ahora deben lidiar con el despojo de sus tierras y la violencia que arrastra consigo el crimen organizado.
Sin embargo, no todo es desesperanza. En municipios como La Trinitaria, también en Chiapas, la situación ha mejorado poco a poco. El alcalde de la zona, en marzo de 2025, informó que al menos 30 familias habían regresado a sus hogares gracias a las medidas de seguridad implementadas y al trabajo conjunto con las autoridades locales.
La comunidad indígena en Chenalhó, Chiapas, ha sido otro de los puntos focales de la violencia criminal
En agosto de 2024, los tzotziles de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en un acto de resistencia, exigieron paz y justicia frente a las autoridades. José Alfredo Jiménez, sobreviviente de la masacre de Acteal de 1997, expresó: "Quienes queremos paz, justicia y vivir, caminar libres y sin miedo en nuestras comunidades, nos hemos organizado para juntar nuestros corazones y palabras y exigirle a los gobiernos que tomen en serio las demandas del pueblo mexicano".
Este tipo de manifestaciones dan cuenta de la valentía y la resiliencia de las comunidades afectadas por la violencia. A pesar del sufrimiento, muchos se niegan a rendirse y luchan por su derecho a vivir en paz, un derecho fundamental que sigue siendo vulnerado por los actores del crimen organizado.
En 2019, el gobierno mexicano reconoció oficialmente la existencia del desplazamiento interno forzoso y se comprometió a desarrollar una respuesta integral
Aunque la magnitud del desplazamiento interno forzoso no ha sido completamente comprendida, el gobierno mexicano, en colaboración con organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha comenzado a tomar medidas para abordar este problema.
A través de diversos censos y encuestas, como el Censo de Población y Vivienda 2020, se ha documentado que, entre marzo de 2015 y marzo de 2020, más de 274,000 personas migraron debido a la violencia y la inseguridad. Sin embargo, los datos obtenidos aún no reflejan la magnitud total del fenómeno, ya que las encuestas no logran capturar el desplazamiento dentro de un mismo municipio y no permiten identificar todas las causas de la migración.
En 2024, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, estimó que más de un millón de personas se desplazaron en 2023 por motivos de inseguridad
Aunque esta cifra refleja el impacto de varios tipos de crimen, el crimen organizado es el principal causante de este fenómeno, dado que las extorsiones, los secuestros y los enfrentamientos entre grupos delictivos han desplazado a miles de mexicanos.
El estudio "La nueva ola: desplazamiento forzado causado por el crimen organizado en Centroamérica y México" distingue dos formas de desplazamiento forzado
El primero, llamado desplazamiento "cotidiano", ocurre debido a las actividades regulares de los grupos criminales. Este tipo de desplazamiento es preventivo y está motivado por la extorsión, el miedo a represalias o la resistencia a unirse a estos grupos. El segundo, el desplazamiento por "disputas", se da cuando los grupos criminales se enfrentan por el control territorial, desplazando a comunidades enteras para debilitar al rival.
El desplazamiento masivo, aunque a veces temporal, puede convertirse en una situación permanente cuando las condiciones de violencia no mejoran. La población desplazada busca refugio en áreas urbanas o en otras regiones más seguras, pero a menudo se enfrenta a la precariedad y la falta de recursos, lo que agrava aún más su situación.
El desafío de atender a los desplazados internos es enorme. Aunque se han implementado algunas medidas a nivel local y federal, como la creación de albergues en zonas de destino o la asistencia técnica del ACNUR, las políticas públicas aún son insuficientes
México reafirma cooperación con EE.UU. tras exención de aranceles
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, reafirmó este jueves el compromiso de dialogar y cooperar con el Gobierno estadounidense, después de que el presidente, Donald Trump, eximiera a México de su batería de aranceles globales
"México cooperará y colaborará con Estados Unidos, respetando siempre la soberanía de ambas naciones", declaró el diplomático durante un foro sobre comercio celebrado en Washington.
Moctezuma apuntó que las políticas de Trump han generado un "período de incertidumbre" para el comercio global, pero subrayó que "México ha buscado el diálogo primero".
Para el embajador, la decisión de Trump de excluir a México y a Canadá de los aranceles impuestos a buena parte del mundo es una demostración de la importancia del tratado de libre comercio que une a los tres países, el T-MEC.
El diplomático afirmó que unos 40 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos dependen del comercio global, de los cuales cerca de 13 millones están ligados al T-MEC.
Subrayó además que las economías mexicana y estadounidense están tan entrelazadas que "no compiten entre sí".
Por eso, advirtió de que no hay que perder ninguna "oportunidad" de seguir estrechando esa relación o, de lo contrario, otras economías ocuparán ese espacio, dijo.
Trump anunció el miércoles un arancel global del 10 % para las importaciones de la mayoría de países del mundo y aranceles adicionales para determinados países y bloques comerciales, como China o la Unión Europea (UE).
México y Canadá fueron excluidos de esa lista, aunque Trump sí les aplicó aranceles sobre acero, aluminio y vehículos, y les ha amenazado con aranceles del 25 % en represalia por el tráfico de fentanilo y el flujo de migrantes
Regresa a prisión el exgobernador de Puebla, Mario Marín
Por el delito de tortura cometido en contra de la periodista Lydia Cacho, el exgobernador de Puebla Mario Marín, reingresó a un penal del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, después de un cambio de medidas cautelares por riesgo de fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía especial en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo revocación a la medida cautelar de prisión domiciliaria, que permitía a Marín seguir el proceso en su contra desde su casa.
El Tribunal Colegiado de apelación del vigésimo séptimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, evocó la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada por una jueza penal.
Agentes de la Guardia Nacional (GN), dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), "cumplimentaron la determinación de dicho Tribunal".
"El gober precioso" de 70 años, estaba en prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto de 2024.
Organizaciones por la defensa de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y los derechos humanos, como Artículo 19 y Cimac, condenaron la liberación de Mario Marín y la medida de arresto domiciliario y advirtieron que se trata de un patrón revictimizante que perpetúa la impunidad para las víctimas.
Fue la FEMDH, a través de la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle), la que impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho.