El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha destituido a dos funcionarios en respuesta a acusaciones de extorsión presentadas por la Federación Mexicana de Futbol (FMF)
La decisión, aprobada por unanimidad, involucra a Jonathan Mendoza Izerte, quien se desempeñaba como secretario de Protección de Datos Personales, y a Miguel Novoa, el director general de Protección de Derechos de Sanción.
La FMF denunció a finales de enero una supuesta extorsión relacionada con multas impuestas por incumplimientos en la protección de datos personales dentro de la aplicación Fan ID, ascendiendo a 23 millones de pesos. Íñigo Riestra, secretario técnico de la FMF, formalizó la denuncia ante el Órgano Interno de Control del INAI.
Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, explicó que la separación de Mendoza Inserte y Novoa de sus cargos busca facilitar las indagaciones sobre el caso. Alcalá enfatizó que esta acción no prejuzga la culpabilidad de los señalados
Durante la sesión pública del pleno, Alcalá reconoció la trayectoria de Mendoza Izerte y Novoa, destacando su "trato amable, respetuoso, compromiso y apego al profesionalismo". No obstante, ante la próxima desaparición del INAI, se prioriza la celeridad en el esclarecimiento de los hechos.
Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, agradeció la labor de los exfuncionarios, aclarando que la determinación se tomó "solo para efectos de facilitar una investigación sin que ello signifique ninguna otra cosa". Norma Julieta del Río, otra comisionada, instó a los miembros del INAI a preservar la integridad del instituto "hasta el último minuto".
Según información adicional obtenida de la web, la controversia se centra en acusaciones de que Mendoza y Novoa habrían solicitado beneficios indebidos a cambio de influir en las sanciones impuestas a la FMF
La FMF alega que los funcionarios ofrecieron intervenir a su favor en el proceso sancionatorio a cambio de prebendas, lo que desató la investigación interna y la posterior remoción. Las autoridades buscan determinar si existió un intento real de coacción y si las acciones de los funcionarios comprometieron la imparcialidad del INAI.