Un juez de la Ciudad de México absolvió a Diego "N", un joven acusado de usar inteligencia artificial (IA) para manipular imágenes íntimas de sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo que generó indignación entre organizaciones feministas y víctimas, quienes calificaron la decisión como un acto de "complicidad patriarcal".
El juez Francisco Salazar Silva, del Reclusorio Oriente, argumentó que no había pruebas suficientes para condenar al acusado por este delito. Sin embargo, Diego "N" permanecerá detenido mientras enfrenta otras acusaciones graves, como trata de personas en modalidad de pornografía infantil y violencia digital, derivadas de la posesión de dispositivos con al menos 166,000 imágenes manipuladas con IA y 20,000 videos de explotación sexual.
La decisión despertó críticas no solo por la absolución, sino por lo que representa en términos legales y sociales. "Esto no es solo un fallo, es un mensaje por parte del juez. Ha gritado al mundo con esta sentencia que la violencia digital contra las mujeres no importa", señalaron las víctimas en un pronunciamiento público, enfatizando la urgencia de establecer precedentes jurídicos en casos relacionados con violencia digital y el uso de tecnología como herramienta para cometer delitos.
Según las jóvenes afectadas, el acusado utilizó imágenes privadas para crear contenido explícito mediante IA, "transformándolas en armas" destinadas a la explotación sexual. Este caso, de haberse resuelto con una condena, podría haber sido pionero a nivel global, señalaron colectivos feministas, quienes vieron en esta oportunidad perdida una muestra del rezago judicial frente a los avances tecnológicos.
El caso también subraya la importancia de la Ley Olimpia, un marco legal diseñado para combatir la violencia digital en México. Olimpia Coral Melo, activista y creadora de esta legislación, expresó su rechazo a la resolución en sus redes sociales: "No hubo justicia, hubo complicidad. Apelaremos por la vía legal y seguiremos denunciando por la vía política".
El impacto de esta sentencia trasciende las aulas del IPN, al visibilizar un vacío en el sistema judicial mexicano para enfrentar la creciente amenaza de la violencia digital. Las estudiantes afectadas, junto con diversas organizaciones, anunciaron que emprenderán movilizaciones y acciones legales para revertir este fallo y exigir justicia.
Por ahora, el caso de Diego "N" se mantiene como un recordatorio de los desafíos que enfrentan las víctimas de violencia digital en su búsqueda de justicia y del papel crucial que juega el sistema judicial en adaptarse a las complejidades de los delitos tecnológicos.