El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que cancelará los registros de candidaturas al poder judicial que presenten irregularidades graves, incluyendo casos de personas morosas con la autoridad electoral y aquellas con sentencias firmes por delitos, como parte de un esfuerzo por garantizar la legalidad y la ética en el proceso electoral.
De acuerdo con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, esta medida responde al principio constitucional de probidad y busca evitar que quienes hayan incumplido con la ley puedan acceder a cargos de elección popular.
"No permitiremos que candidatos con antecedentes penales o deudas pendientes con el INE contaminen la contienda electoral. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de nuestra democracia", dijo Taddei durante una conferencia de prensa.
El INE informó que ya se revisan cientos de expedientes de aspirantes a puestos locales y federales. Aquellos que aparezcan en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, o que cuenten con sentencias por delitos como corrupción, abuso de poder o violencia, serán excluidos automáticamente. La medida ha generado diversas reacciones.
Mientras organizaciones civiles aplauden el paso como un avance en la lucha contra la impunidad, algunos partidos políticos han criticado lo que consideran una "intromisión" en sus procesos internos de selección de candidatos. Sin embargo, el INE reiteró que su actuación se basa en la ley y en criterios previamente establecidos. También llamó a los partidos a verificar con mayor rigor los antecedentes de sus aspirantes antes de registrarlos oficialmente.
Esta depuración de candidaturas podría modificar significativamente las boletas electorales, especialmente en regiones donde se han detectado mayores niveles de incumplimiento.
