El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y está preparando 3,380 carpetas de investigación por corrupción y conflictos de interés
Estas acciones están dirigidas contra desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes que han despojado a más de 200 mil derechohabientes de sus viviendas.
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ha denunciado que estas irregularidades se debieron a alianzas corruptas entre autoridades y funcionarios de administraciones anteriores, en complicidad con despachos y constructoras. Estas prácticas incluyeron la concesión de múltiples créditos para una misma vivienda, lo que dio lugar a ventas sucesivas de inmuebles.
Se han revelado juicios masivos ilegales que afectaron a más de 373 mil derechohabientes, quienes fueron despojados de sus viviendas sin ser notificados
Esta estrategia de despojo ha costado a los trabajadores más de 29 mil millones de pesos. De los afectados, 249 mil perdieron sus viviendas, y 207 mil no pueden ser escrituradas debido a la irregularidad de los procesos judiciales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido al Infonavit para que continúe presentando denuncias penales y resarza el daño a los derechohabientes afectados. El instituto también ha iniciado una nueva etapa con la reforma de su ley, que incluye la desaparición de las direcciones sectoriales de trabajadores y empresariales, y la formalización de una estructura tripartita en su Asamblea General.
Durante la 133 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, se designaron los miembros de los órganos colegiados, incluyendo el Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, tomó protesta a los integrantes de estos órganos, que estarán conformados por representantes de los sectores gobierno, trabajadores y empresarios.
Romero Oropeza ha destacado que el Infonavit encontró prácticas corruptas originadas en sexenios previos, que se alejaron de su misión de asegurar el derecho a la vivienda. La corrupción y los intereses ajenos a los derechohabientes contaminaron su funcionamiento, convirtiéndolo en un espacio donde importaban más los negocios privados.
Además, se ha detectado que algunas constructoras adeudan al instituto más de 2 mil millones de pesos por entregar viviendas de mala calidad o no entregarlas. Un caso notable es el de la empresa Telra Realty, que incumplió un contrato de 100 millones de pesos y, en lugar de ser penalizada, recibió una indemnización de 5 mil millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) regularán y fiscalizarán las operaciones del Infonavit para evitar futuras irregularidades. Con estas medidas, el instituto busca recuperar su función original y garantizar que los trabajadores tengan acceso a créditos de vivienda justos y transparentes