Investigación federal por campo de exterminio en Jalisco
Este miércoles, las autoridades federales asumieron el caso del campo de entrenamiento y exterminio ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
La solicitud fue realizada por el gobierno estatal, que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacerse cargo de la investigación, tras la intervención de varios colectivos y la denuncia pública de hallazgos en el sitio.
El gobernador de Jalisco, quien reconoció que la ubicación fue descubierta en la administración pasada, expresó que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades federales en las investigaciones.
Según el mandatario, es crucial continuar con los trabajos de investigación y localización de posibles restos humanos. "Estamos en la mejor disposición de colaborar", comentó el gobernador, enfatizando que, aunque los hechos ocurrieron antes de su mandato, el gobierno estatal debe colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
El descubrimiento de este campo de exterminio data de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional, tras recibir una denuncia ciudadana sobre personas armadas en un rancho abandonado en La Estanzuela, intervino en el predio.
Durante el operativo, fueron detenidos 10 presuntos delincuentes, se rescató a dos personas privadas de su libertad y se encontró el cuerpo de una persona sin vida. Sin embargo, las investigaciones no avanzaron significativamente hasta que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reactivó la investigación en marzo de 2025.
El colectivo, en colaboración con la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, realizó un análisis en el sitio, donde encontraron cuatro crematorios clandestinos enterrados bajo la tierra. A partir de este hallazgo, comenzaron a trabajar en la localización de restos humanos incinerados, utilizando técnicas de cernido para extraer piezas óseas.
El gobernador también anunció que se investigará la actuación de la ministerio público encargada del caso en la administración anterior. Esta funcionaria, quien presuntamente ordenó suspender las investigaciones, ignoró pruebas clave como prendas de ropa y artículos personales encontrados en el lugar, que podrían haber ayudado a identificar a las víctimas de desapariciones forzadas.
El caso ha generado gran preocupación en la sociedad, debido a la gravedad de los hallazgos, en especial porque se confirmó el hallazgo de otro campo en Tamaulipas. Las autoridades han asegurado que, si se confirma alguna responsabilidad por omisiones en el proceso, se sancionará a los funcionarios involucrados.
La población espera que este caso no quede impune y que se logre dar justicia a las víctimas de este macabro hallazgo.