La Casa Blanca responde a la anulación del programa migratorio
La Casa Blanca criticó con dureza la decisión de la jueza Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, quien anuló la orden del presidente Donald Trump para cancelar el programa migratorio conocido como "parole humanitario"
Este programa otorgaba un estatus legal temporal a aproximadamente 530 mil personas provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La portavoz del gobierno republicano, Karoline Leavitt, calificó a la jueza como "rebelde" y anunció que apelarán la resolución judicial.
El programa "parole humanitario" fue implementado por la administración de Joe Biden en 2022 para venezolanos y extendido en 2023 a cubanos, nicaragüenses y haitianos, con el objetivo de ofrecer vías legales para migrar y reducir los cruces fronterizos irregulares. Sin embargo, en octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la administración Biden anunció que no renovaría este estatus, limitando la vigencia del permiso a dos años.
Trump ordenó revocar el programa a partir del 24 de abril de 2025, lo que abriría la puerta a la deportación de los beneficiarios
No obstante, la jueza Talwani, nominada por el expresidente Barack Obama, determinó que se debe respetar la vigencia original del "parole", otorgado por un periodo de dos años, y que la cancelación anticipada no es procedente.
La portavoz Karoline Leavitt señaló en conferencia que esta decisión judicial obstaculiza los esfuerzos del gobierno para llevar a cabo deportaciones masivas, en el marco de una política migratoria que busca reducir la presencia de más de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Además, destacó que la administración Trump también ha buscado revocar otros programas migratorios legales promovidos durante el mandato de Biden.
El "parole humanitario" permitía a personas en los países mencionados solicitar desde su lugar de origen un permiso para viajar a Estados Unidos y obtener autorización para trabajar. La suspensión de este programa y la orden de revocación representan un golpe para miles de migrantes que habían encontrado en esta vía una forma legal de residir en el país