El activista mexicano Higinio Bustos, miembro del pueblo náhuatl y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, fue detenido en 2021 bajo acusaciones de homicidio.
Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha declarado que su detención fue arbitraria y sin las garantías necesarias. En su informe, el grupo subraya que la privación de libertad de Bustos contraviene varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El informe fue publicado esta semana tras el 100º periodo de sesiones del grupo, realizado en agosto. Los expertos piden que Bustos sea liberado de inmediato y que se le otorgue el derecho a una indemnización, así como otras formas de reparación según el derecho internacional.
Bustos fue arrestado el 3 de mayo de 2021 por doce agentes de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, quienes no mostraron una orden de arresto ni ofrecieron explicaciones. La detención está relacionada con un presunto homicidio ocurrido en 2008. Sin embargo, el grupo de expertos ha manifestado dudas sobre la existencia de una orden de arresto válida, dado el tiempo transcurrido desde el incidente.
El informe destaca la falta de pruebas claras en contra de Bustos. Las declaraciones iniciales presentadas en 2008 por el padre del fallecido no lo identifican de manera concreta, y no hay testigos que lo vinculen con el crimen. Aun así, Bustos permanece en prisión mientras se lleva a cabo el juicio en su contra.
Los expertos también indican que la detención de Bustos tiene un trasfondo discriminatorio, al señalar su identidad indígena y su activismo en favor de los derechos de los pueblos originarios. La pertenencia de Bustos al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo ha aumentado las sospechas de que su arresto está relacionado con su defensa de los derechos humanos y su lucha contra la injusticia social.
A pesar de que el Gobierno mexicano ha negado cualquier vínculo entre el arresto y la identidad étnica de Bustos, el grupo de trabajo de la ONU considera que su activismo y su defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas han influido en su detención. Los expertos piden una revisión del caso y que se garantice la protección de los derechos de Bustos.