La reforma energética del año avanza en el Senado

El reciente avance legislativo en México ha suscitado un intenso debate en torno a la reforma energética, que busca fortalecer el papel de las empresas públicas en el sector

Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen que incluye la creación de ocho nuevas leyes y la reforma de dos existentes, con el objetivo de proporcionar un marco regulatorio claro para la participación del sector privado en la generación de energía. La votación resultó en 22 votos a favor, ocho en contra y una abstención, lo que refleja un apoyo significativo entre los legisladores de la coalición gobernante.

Este paquete legislativo, que se espera sea discutido en el pleno del Senado el próximo 26 de febrero, incluye leyes que abarcan desde la Ley de la Empresa Pública del Estado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta la Ley del Sector Hidrocarburos. Estas nuevas normativas están diseñadas para armonizar la legislación con las reformas constitucionales aprobadas en 2024, las cuales buscan recuperar el control estatal sobre los recursos energéticos del país.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía, argumentó que estas reformas son esenciales para "cristalizar" el objetivo de devolver a Pemex y CFE al pueblo mexicano, aumentando su productividad y eficiencia

Castillo enfatizó que se busca terminar con la separación legal impuesta por reformas anteriores que favorecieron un enfoque neoliberal. A su juicio, esta nueva legislación permitirá una colaboración más efectiva entre el sector público y privado, asegurando que cualquier contribución privada beneficie al desarrollo sostenible y al bienestar del pueblo.

Sin embargo, no todos los legisladores están de acuerdo con esta dirección. Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), como Agustín Dorantes Lámbarri, han expresado su preocupación, argumentando que es crucial fomentar la inversión privada y pública para impulsar la economía familiar. Criticaron lo que consideran una "visión retrógrada" del pasado reciente que ha obstaculizado el crecimiento económico y la creación de empleos.

Olga Patricia Sosa Ruíz, de Morena, respaldó el dictamen, asegurando que fortalecerá las empresas públicas y frenará la privatización, garantizando un sector energético sólido y estratégico para el desarrollo nacional

Por otro lado, Waldo Fernández González del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) calificó estas leyes como "históricas", argumentando que son necesarias para rescatar un sector estratégico y devolver a Pemex y CFE su función social. Sin embargo, Claudia Edith Anaya Mota del PRI advirtió que las reformas no eliminan completamente las disposiciones de la reforma energética de 2013, lo cual podría perpetuar los beneficios para los empresarios privados.

La controversia también se extiende a las preocupaciones sobre si estas reformas realmente facilitarán el acceso a energías más limpias y asequibles. Clemente Castañeda Hoeflich de Movimiento Ciudadano expresó su escepticismo sobre si las nuevas leyes ofrecerán garantías para obtener energías más baratas y limpias, sugiriendo que podrían poner en riesgo tanto el presente como el futuro energético del país.

La discusión sobre estas reformas energéticas es parte de un panorama más amplio en el que México busca redefinir su política energética tras años de privatización